Actualizado 11:35 (16-05-2008)
No hace falta esperar a que resuelva el Tribunal de Luxemburgo.
LUIS LOSADA PESCADOR
Espectacular. Ahora resulta que el vicepresidente Solbes afirma que el Ejecutivo podría dar marcha
atrás en las condiciones impuestas a Enel y Acciona para la controvertida opa sobre Endesa.
Bruselas considera que las condiciones vulneran la libre circulación de capitales y mercancías y el
derecho de establecimiento. Y Solbes aseguraba este jueves que “si la Comisión ha actuado
correctamente, se corregirá y se retirará”. O dicho de otra forma: no hace falta esperar a
que resuelva el Tribunal de Luxemburgo.
Sus declaraciones suponen un giro de 180 grados a lo que se había manifestado hasta entonces.
Solbes siempre ha defendido que existía una discrepancia entre el gobierno y la Comisión. El
Ejecutivo español entendía que existía un margen de maniobra nacional negado por la Comisión al
tratarse de una operación de ámbito comunitario. “Está bien que Luxemburgo resuelva esta
discrepancia”, señalaba Solbes.
Pero ahora el vicepresidente cambia de criterio. Quizás porque le ha visto las orejas al lobo
y no quiere ser presa de una sentencia negativa. ‘Más vale ponerse una vez rojo que ciento
amarillo’, debe pensar. Sobre todo después de que la Comisión volviera a sacar la tarjeta
amarilla. Segundo aviso tras el ‘dictamen motivado’.
España debería defender su posición. La operación es bastante atípica y requería por tanto
tratamiento atípico. Nuestro país nunca ha puesto dificultades a la entrada de capital comunitario.
Una afirmación que difícilmente podría formular Italia sin que se escapara una carcajada. Pero el
‘caso Endesa’ es especial. Endesa fue una compañía privatizada hace 10 años que tras la
compra de Enel-Acciona pasa a ser renacionalizada con pasaporte italiano. Enel es un ente público
más que una compañía. Además de ser de titularidad estatal, su presidente es nombrado por el
gobierno. No es una compañía, es la prolongación del ministerio de Economía italiano. Y desde
Moncloa no se niega.
Por eso la marcha atrás de Solbes supone un absoluto bochorno nacional que pone en evidencia
nuestra ausencia de peso político en las instituciones comunitarias. El nombramiento de Diego López
Garrido como secretario de Estado de relaciones con la UE no parece que haya ayudado a desbrozar el
camino. Una asimetría insoportable toda vez que Alemania y principalmente Francia siguen sin
liberalizar ni privatizar su sector energético. ¿A qué viene tanta rigidez con nuestro país, que ha
sido el primero en hacer los deberes impuestos por el eje franco-alemán?
¿Qué puede haber ocurrido para que Solbes recule? Principalmente las quejas italianas. Tras
haber realizado el desembolso, sigue sin ejercer el control en la compañía. Los Entrecanales han
decidido no ejercer de ‘floreros’ y el consejero delegado, Rafael Miranda, sigue
ejerciendo de presidente ‘de hecho’. Los italianos sostienen que manda quien paga. Y
pagar, han pagado. Y no barato. Ahora quieren mandar. Y así se lo ha manifestado la embajada
italiana al Ejecutivo Zapatero. Solbes toma nota.
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