El BBVA dice que descartó la compra del Popular por las provisiones necesarias de 6.000 millones

El BBVA descartó comprar el Banco Popular en 2017, entre otros motivos, porque la entidad veía necesario dotar más de 6.000 millones de euros en provisiones, un aspecto de «enorme importancia» en los términos de venta.

Así lo ha explicado este jueves el que fuera director global de Estrategia y Fusiones y Adquisiciones y, hasta este año, responsable de BBVA en Estados Unidos, Javier Rodríguez Soler, que ha testificado este jueves ante la Audiencia Nacional en la causa que investiga las dos últimas gestiones del Popular.

A preguntas del magistrado José Luis Calama, el directivo del BBVA ha relatado cómo se prepararon para analizar esta posible compra a mediados de 2017, y ha admitido que en ese momento «hubo claras discrepancias» y que la cifra de provisiones era muy importante de cara a presentar una oferta.

Así, ha señalado que el BBVA inició el acceso a la «virtual data room» -base de datos habilitada para que las entidades interesadas pudieran tener acceso a información sobre el Popular- en cuanto firmaron el acuerdo de confidencialidad.

El banco de inversión JP Morgan les había propuesto un calendario para llegar a un acuerdo de compra hacia mediados de junio, y les había dado un mes y medio de plazo para realizar todo el estudio.

Pero a la hora de evaluar el balance del Popular, ha dicho Rodríguez Soler, a BBVA le preocuparon aspectos como los activos inmobiliarios, tanto adjudicados como préstamos, y el riesgo de litigios que existía, unos problemas que iba a heredar el futuro comprador y que repercutía negativamente en la valoración.

La entidad que preside Carlos Torres vio un déficit de provisiones en el Popular de más de 6.000 millones de euros, que incluyen tanto el relacionado con la cartera de adjudicados como el de los llamados NPL o créditos morosos.

A tenor de sus cálculos, si BBVA finalmente accedía a quedarse con la histórica entidad tendría que dotar provisiones por 6.581 millones, mientras que si vendía los activos morosos a un fondo, esa cantidad subía a 10.815 millones.

Tras este análisis, el banco nunca se llegó a plantear una oferta, motivo por el que ni siquiera se lo sugirió a su Consejo de Administración, ha apuntado el directivo, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.

El BBVA también valoró las posibles reclamaciones de los accionistas por la ampliación de capital de 2016

Sobre los rumores de resolución del Popular, Rodríguez Soler ha asegurado que ese 3 de junio, cuatro días antes de que la operación se llevase a cabo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco Central Europeo (BCE) contactaron con él para comunicarle su intención.

En este sentido, ha comentado que le dijeron que iba a ser un proceso acelerado que se resolvería el 8 de junio, y que le preguntaron si el BBVA estaba interesado en participar, a lo que respondió que sí.

Un día más tarde, firmaron el acuerdo de confidencialidad con el FROB, si bien pensaban que iba a ser muy complicado que el Popular tuviese un valor positivo.

Por entonces, el BBVA estimaba que el banco presidido por entonces por Emilio Saracho necesitaba hacer una ampliación de capital de 12.000 millones, 5.000 millones más de la que realizó después el comprador definitivo, el Banco Santander.

Para Rodríguez Soler, una de las cosas que más preocupaba a su entidad era el riesgo de litigios que podrían heredar, fruto de la ampliación de capital acometida por el Popular en 2016.

A su parecer, los accionistas que acudieron a ella podrían reclamar y argumentar que el folleto informativo no reflejaba la imagen fiel de la entidad.

«El BBVA no estaba dispuesto a comprar el Popular ni siquiera a precio de saldo»

El directivo ha reiterado que el BBVA no estaba dispuesto a comprar el Popular ni siquiera a precio de saldo. ya que consideraba que no cumplía con los requerimientos de solvencia, liquidez y capital, tal como interpretaban de la información del «virtual data room».

Asimismo, ha admitido que sabían que se iban a amortizar los instrumentos de deuda subordinada -esto es, que su valor se iba a reducir a cero-, y que así se lo manifestaron los asesores del FROB.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016.

La segunda, en cambio, versa sobre los 108 días de mandato de Saracho, y se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.