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El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz Sanz, defendió hoy que los incendios del verano pasado en Castilla y León superaron los 40.000 kilovatios por metro de intensidad, un parámetro utilizado en el sector, dijo, cuando por encima de 3.500 kilovatios “ya se considera complejo para su extinción y ataque” por el operativo de incendios.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en sesión extraordinaria, para informar sobre la gestión de la campaña de incendios de 2025 (solicitada por Vox) y un día después de que lo hiciera el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el director general comentó que un fuego pequeño suele tener menos de 346 kilovatios por metro; uno más intenso, llega a 1.700, y uno “complicado” se sitúa entre 1.700 y 3.500, mientras que por encima de 3.500 se considera “ya complejo”, con una altura de llama que puede estar por encima de los 15 metros y los “esfuerzos de control en la cabeza suelen ser ineficientes”.
En agosto, rememoró, varios de los incendios en la Comunidad se han situado primeros en el ránking “de la historia de España”. Recordó que el de Losacio, en Zamora, en 2022, estuvo por encima de 40.000, pero todos los de 2025 superaron esa cifra por las circunstancias meteorológicas. Mención aparte merece el originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que calcinó miles de hectáreas también en la zona de Castrocalbón, en León, y que alcanzó los los 90.000 kilovatios por metro debido a “una tormenta perfecta”, una cifra que le sitúa como el más intenso de la historia del país.
Arranz destacó que para atacar esta situación se pusieron en marcha cientos de medios, llegando el pico a superar los 2.319 recursos en alguna semana concreta de agosto. “Nunca se había coordinado un número tan elevado de medios, propios y externos”, dijo, según recogió Ical.
Al igual que en la jornada de este miércoles hizo el consejero, el director general achacó estos incendios a una situación “excepcional, especialmente en agosto”. “Podemos contar con mejores medios humanos y materiales pero cuando la meteorología es adversa el incendio ganará fuerza y peligrosidad”, explicó, porque “no solo influye, sino que condiciona los incendios una vez iniciados”. Por ejemplo, citó que el mes julio registró una anomalía térmica de +3,5 grados y un fuerte déficit de precipitación, sobre todo en el oeste. Además, sufrió la segunda ola de calor más intensa desde, al menos, 1975, del 4 al 17 agosto.
En 2025, los incendios con IGR de nivel 2 pasaron de cuatro en julio a 33 en agosto, para descender a cinco en septiembre, mientras que los días de Situación Operativo 2 (la 3 la marca el Gobierno central), pasaron de cuatro en julio a 23 en agosto y cuatro de nuevo en septiembre.
Incidió en el importante número de incendios intencionados y su simultaneidad: “Durante el año hemos tenido 218 días con más de tres incendios activos; 183 días con más de cinco; 138 con más de 10; 109 con más de 15 incendios y 83 días, todos en época de peligro alto, con más de 20 incendios. En varios de ellos se han registrado tramos nocturnos con crecimientos muy elevados, por temperaturas inusuales para la época, que evitaban ventanas de oportunidad en la noche”, advirtió.
“Lecciones aprendidas”
A su juicio, y tal y como trasladó Suárez-Quiñones, el análisis de la campaña de 2025 permite incorporar estas “lecciones aprendidas” al próximo Plan Anual de Vigilancia, Prevención y Extinción de 2026, que se publicará, anunció, durante la próxima semana. “Son situaciones extremas sobre las que no teníamos constancia”, señaló, en referencia al aumento “considerable” de grandes incendios y el “extraordinario episodio que nunca había ocurrido ni en Castilla y León ni en España”.
“Los propios expertos nos han trasladado su sorpresa por las circunstancias, pero también porque hubiéramos sido capaces de luchar contra estos incendios”, dijo.
Arranz recordó que la superficie forestal total afectada (arbolado, pasto y matorral) fue de 143.880 hectáreas, de las que 42.815 son masa arbolada. Además, señaló que hubo 1.216 fuegos, un diez por ciento menos que la media del decenio, pero de gran gravedad muchos de ellos, y los conatos representaron el 71 por ciento, dos puntos por encima de la media del decenio que es del 69 por ciento. Además, el operativo de incendios actuó en 856 incendios no forestales (agrícolas en general), por lo que intervino en 2.072.
Prevención en 2025
Por último, el director general informó que en 2025 se ejecutaron trabajos de selvicultura preventiva en 20.184 hectáreas, con una inversión de 50,4 millones, y se realizaron labores de mantenimiento y creación de cortafuegos en 1.325 hectáreas y gradeos en 2.134 (3.459 en total). Además, recordó que anualmente se extraen unos tres millones de metros cúbicos de madera, entre oras medidas.
También mencionó otros 10 millones de euros de inversión de la Consejería de Presidencia para que los municipios adquieran maquinaria para las las labores preventivas a las que están obligados, así como otra partida de 620.000 euros dirigida a las diputaciones provinciales para que les ayuden. En estos momentos, dijo, hay 204 municipios que han tramitado ya su guía de repuesta a incendios y otros 140 que se encuentran con los trámites de actuación municipal.
ICAL
La oposición al completo pidió hoy en sede parlamentaria la dimisión del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, como “máximo responsable” de las políticas forestales de la Comunidad en las últimas décadas, y después de los trágicos incendios ocurridos en el verano de 2025. PSOE, Vox, UPL y Grupo Mixto le acusaron de “dejación forestal y nefasta gestión” y “no haber protegido” a los ciudadanos, los trabajadores y el patrimonio natural, “sino solo sus intereses”. Mientras, el Grupo Parlamentario Popular defendió las explicaciones en las que hoy “ahondó” Arranz tras la comparecencia producido este miércoles por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
El primero en intervenir fue el procurador de Vox José Antonio Palomo, ya que fue el grupo que pidió la comparecencia. “Ha venido porque le obligamos a hacerlo, no por su cuenta propia, como se espera de alguien con principios”, apuntó, para ironizar con Arranz en que durante su intervención parecía el “hombre del tiempo” al hablar de meteorología.
Palomo recordó que la gestión de la Junta sobre los incendios está hoy bajo investigación judicial y que los trabajadores lo hicieron en “condiciones indignas que eran evitables”. “Cuando no se evita, la responsabilidad se exige”, explicó el procurador de Vox, quien consideró que hubo “negligencia en la gestión por omisión en la prevención, por someter decisiones técnicas a recursos políticos”.
Igualmente, consideró que los incendios “empiezan varios años antes, cuando se abandona el territorio y no se limpia el monte” y se refirió a “fallos estructurales”, como el hecho de que en León, de ocho puestos de vigilancia, “siete no estaban ocupados en época de alto riesgo porque no cumplían las medidas de prevención de riesgos”. “No existe una hoja de ruta clara y durante el verano se bajaron los índices de peligrosidad sin el aval técnico. No es mala suerte, es mala gestión”, sostuvo.
Además, achacó a Arranz “no tener vergüenza institucional, después de cuatro muertes”, cuando la “cruda realidad es que la Consejería no ha protegido a los ciudadanos, los trabajadores y el patrimonio natural, solo sus intereses”.
Por su parte, el procurador Pedro González, del Grupo Socialista, consideró que Arranz “no debería estar aquí y es un peligro para esta tierra”, con una gestión “que no cuenta con el respaldo de nadie, salvo de su Gobierno”. “Culpa a todos cuando los únicos responsables son Mañueco y el PP, porque el cambio climático no empezó ayer, pero ustedes llevan 40 años”, sostuvo.
También expresó que “no hay planificación a largo plazo” y renuncian a la prevención “todo el año”; además de que cada gran incendio “pone en evidencia las carencias, los errores se repiten y nadie responde por ello” “Han logrado que todos los empleados públicos del operativo pidan su dimisión y la de su jefe”, señaló. Para terminar, recriminó a Arranz, Suárez-Quiñones y Mañueco que “se enfunden el chaleco de Indiana Jones para darse un paseo, hacerse la foto en las zonas de incendios y casa”. “Están a la foto y el resto, se la bufa”, opinó.
Cargo político, no técnico
En la misma línea se posicionaron los procuradores de UPL-Soria Ya, Alicia Gallego, y Grupo Mixto, Pablo Fernández, quienes coincidieron en acusar a Arranz de “gustarse más en la parte técnica, pero es un cargo político”. La primera de ellas dudó de la lección aprendida por la Junta, cuando se ha pasado de un incendio grave en 2022 a varios en 2025, “pero ustedes siguen siendo los mismos”. “Esto ha empeorado porque no han cuidado a sus trabajadores”, incidió Gallego, quien acusó a Arranz de “eliminar políticas públicas en estos 40 años”, principalmente en la “región leonesa”, que ha sufrido el 92 por ciento de la superficie calcinada el año pasado.
De hecho, apuntó que León, Zamora y Salamanca no reciben el peso que necesitan de la Junta en materia de prevención de incendios.
“Ha venido a dar un discurso técnico, cuando es el director general de un Gobierno autonómico, un cargo eminentemente político. Es el principal responsable de las políticas forestales perpetradas en los últimos años”, comentó, por su parte, Pablo Fernández, quien criticó que la Junta “ha desmantelado, precarizado y privatizado” el operativo, y “eso ocurre por decisiones políticas, tomadas por el PP, y usted es el máximo responsable”, insistió.
Señaló que “no ha hecho autocrítica” y le invitó a “pedir perdón e irse a su casa, más cuando hay unas consecuencias tan graves, con muertes y tantas personas perjudicadas, y no aferrarse a la poltrona durante tantos años”. “Es una vergüenza que siga siendo director general”, le espetó.
Además, “teniendo en cuenta la extensión forestal de Castilla y León”, preguntó a Arranz si cree que “tomó nota y aprendieron algo de 2022 y ahora el operativo era suficiente”, y le vaticinó que “cada año, las condiciones de los incendios serán peores por el cambio climático”. Para terminar, recriminó a la Junta que “utilice de parapeto” el acuerdo firmado en el marco del Diálogo Social en septiembre de 2022, “cuando este no se ha cumplido en su integridad”. “¿Cree que los sindicatos y la patronal tienen responsabilidad en los incendios?”, cuestionó.
Por último, la procuradora del Grupo Popular Mercedes Cófreces coincidió con Arranz en la “excepcionalidad” de los incendios de este verano y aprovechó su intervención para cargar contra el modelo de financiación, que “normalmente tiene parámetros de población y no por extensión o superficie forestal”, algo en lo que coincidió el director general, que señaló que “llegan unos recursos limitados que se intentan optimizar”.
