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El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aclaró hoy que la asistencia a los menores, las mujeres embarazadas y las urgencias está garantizada de acuerdo a lo fijado en la Ley General de Sanidad (1986), después de que el pacto suscrito por PP y Vox en Castilla y León recoja como principio la prioridad nacional en la asignación de ayudas y la prestación de servicios.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que se celebró este miércoles, Fernández Carriedo se refirió a las “garantías” que existen en la legislación para la atención sanitaria y añadió que el nuevo Gobierno de PP y Vox se fija como prioridad garantizar los derechos a las personas de la Comunidad, así como de las que hayan llegado de fuera y se hayan integrado en la sociedad.
Asimismo, el consejero portavoz expresó el compromiso de los dos socios de luchar contra las mafias que se dedican a la trata de seres humanos, a partir del concepto de prioridad nacional, que recordó forma parte de un acuerdo “amplio” y “detallado” de 324 medidas. Además, precisó que se relaciona con un arraigo “real, verificable y duradero”, que equiparó con el empadronamiento, y recordó que otras administraciones también lo exigen en el acceso a determinadas ayudas.
Todo ello, reconoció, tendrán que “irlo concretando y definiendo” para determinar en qué medidas se aplica y en cuales se hace con el “paso del tiempo”. Como ejemplo, Fernández Carriedo citó la nueva línea de 900 euros para facilitar que los jóvenes se saquen el carnet de conducir o de 1.800 para el de camión y autobús. En este caso, precisa el pacto, se requerirá al menos cinco años de residencia legal y efectiva en la Comunidad.
Cooperación al desarrollo
Respecto a las ayudas a la cooperación al desarrollo, que el pacto prevé “congelar al mínimo”, el portavoz aseguró que la Junta quiere “seguir trabajando” en este ámbito con las ONG’s que cumplan la ley sin perjuicio “lógicamente” del “esfuerzo” que señaló deben hacer “todos siempre en el ámbito de colaboración».
Finalmente, Fernández Carriedo concretó que todas las ayudas se examinarán para determinar en qué medida cumplen sus “objetivos”, son “eficientes” y se relacionan con el objetivo buscado. “Esta es una misión que tenemos que hacer todos”, dijo ya que recordó los fondos utilizado son “del conjunto de los ciudadanos” y se debe utilizar “con el máximo nivel de eficiencia posible”.
