El Ayuntamiento de Valladolid basa en la Ley del Sector Ferroviario su recurso contra el proyecto de estación

ICAL

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, confirmó hoy que la Junta de Gobierno Local dio luz verde a la interposición de un recurso contencioso-administrativo en relación con la aprobación del proyecto de construcción de la remodelación de la estación ferroviaria de Valladolid Campo Grande, efectuada por Adif, al considerar que la Ley del Sector Ferroviario exige un Plan especial de ordenación de la zona de servicio cuando no solo se van a ejecutar infraestructuras ferroviarias. 

Desde el Consistorio detallaron que la iniciativa del ADIF-AV constituye una “omisión” de las exigencias que la propia Ley del Sector Ferroviario requiere para una actuación similar, y supone un “desconocimiento consciente” de las competencias y facultades municipales urbanísticas que afectan a un elemento tan significativo como es el entorno de Campo Grande, “sin tener en cuenta las secuelas para la movilidad urbana”.

“No se trata de paralizar la ejecución de la obra de la estación de trenes, porque bienvenida sea, pero es cierto que la propia Ley del Sector Ferroviario habla de la necesidad de elaborar un Plan Especial en el caso de haya actuaciones complementarias que no sean solamente las ferroviarias”, aseguró Carnero.

Es por ello que detallaron que en la propia memoria del proyecto de construcción se describen las actuaciones previstas en el proyecto, como son oficinas con acceso independiente desde la pasarela de acceso y con salida directa a la calle, pasarela de acceso a la estación con su propia volumetría; locales comerciales dentro de la estación y en el resto de las edificaciones previstas, aparcamiento subterráneo en cuatro niveles con 605 plazas y tres estaciones de lavado de vehículos, para llegar a esta conclusión. 

Para el Ayuntamiento, todas estas actuaciones “no se pueden reconducir al concepto de ‘infraestructuras ferroviarias’ sino que son verdaderas actuaciones edificatorias y de implantación de usos comerciales o de equipamientos, que requieren de la previa aprobación del Plan Especial de ordenación de la zona de servicio ferroviaria al que se refiere el art. 10.2 de la Ley del Sector Ferroviario”, añadieron.

Y es que, Carnero criticó la “ausencia absoluta de diálogo” con el Gobierno de España en un tema que afecta a los vallisoletanos, quien preguntó, de manera retórica, la utilidad del Consistorio. “Si no necesitamos al Ayuntamiento en un tema que afecta a la ciudad, como es la estación de trenes y todo lo que de manera auxiliar y complementaria se va a construir en torno de ella… ¿para qué estamos?”, remarcó. Así, dejó claro que la interposición del recurso “no es contra la estación y sí a favor de la ciudad”.

En ese sentido, recordaron que el Ayuntamiento de Valladolid se ha dirigido en varias ocasiones a ADIF a fin de que se le notifique fehacientemente la aprobación del proyecto de construcción de la estación. A pesar de todo, ADIF-AV “no ha notificado” el acuerdo de aprobación del proyecto de construcción de la estación, ni el régimen jurídico de los recursos que pudieran interponerse.

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