El Consejo de Cuentas de Castilla y León reiteró hoy la conveniencia de modificar su ley reguladora para gozar de autonomía en la aprobación de su plan anual de fiscalizaciones, ya que esta es la única autonomía en la que este órgano de control externo no puede diseñarlo con independencia.
La institución propia fiscalizadora informó de que su Pleno dio luz verde al proyecto de Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2020, propuesta que fue trasladada hoy al Parlamento autonómico para su aprobación, tal como establece la normativa vigente.
El Consejo de Cuentas insiste en que es preciso corregir esa “excepcionalidad” y “armonizar el procedimiento de aprobación del Plan conforme a los principios de independencia que defienden organismos internacionales de referencia como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores y con la autonomía funcional del conjunto de los órganos de control externo autonómicos de España. Una petición, expusieron desde el Consejo, “sin perjuicio de la existencia de mecanismos de incorporación al Plan de aquellos trabajos que puedan encomendar las Cortes de Castilla y León”.
El Consejo de Cuentas presidido por Mario Amilivia aprobó el pasado 4 de julio su Plan Estratégico 2019-2022 con el objetivo de “reforzar su independencia y garantizar su autonomía”. El proyecto de plan para el próximo año incluye 17 fiscalizaciones, cuatro de mandato legal, 12 de carácter especial y otras actuaciones, incluyéndose los compromisos con el Tribunal de Cuentas y con el resto de las instituciones de control externo dentro del marco de colaboración y lealtad institucional, lo que condiciona la capacidad del Consejo para incluir nuevos trabajos.
Dentro de las fiscalizaciones especiales, en el ámbito de la comunidad autónoma, se incluye el análisis de la situación económico-financiera de Castilla y León, con especial referencia a los entes sometidos a contabilidad pública. Informe que se viene realizando a lo largo del tiempo en otros planes, pero en esta ocasión se prevé incluir el análisis de la evolución funcional del gasto, es decir, a qué grandes ámbitos se ha dedicado el gasto público.
Se mantienen también las fiscalizaciones de los contratos, específicamente de las cláusulas sociales y medioambientales, y de los convenios, pero en este caso se presentan como plurianuales, para acercar lo más posible el ámbito temporal de la fiscalización con su presentación ante los ciudadanos.
Siguiendo la fiscalización de actuaciones medioambientales en el ámbito local, se incluye la fiscalización de la estrategia del cambio climático de la Comunidad. También, dentro de los análisis de las universidades públicas, se contempla el de la situación económico-financiera de la Universidad de León y de sus entes dependientes.
El Consejo de Cuentas continúa además con las fiscalizaciones de las capitales de provincia, correspondiendo a los ayuntamientos de Zamora y Soria. Asimismo, dos de las fiscalizaciones recogidas en planes anteriores se replantean para que sus resultados estén relacionados de forma más directa con cuestiones de trascendencia ciudadana, como son los trabajos de los Servicios de Asistencia Técnica de las diputaciones, en relación con la rendición de las entidades locales, o la eficacia y eficiencia de los servicios de recaudación.
De acuerdo con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos de control externo se incluye una fiscalización acerca de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales al considerarse que resulta necesario comprobar hasta qué punto las entidades locales están aplicando adecuadamente la nueva normativa.
Finalmente, por la importancia que el uso de sistemas informáticos está teniendo en las administraciones públicas, así como la necesidad de salvaguarda de la información que de todos los ciudadanos tienen esas administraciones frente a terceros, se incorpora una fiscalización de la seguridad informática en las entidades locales para obtener una visión de las incidencias más relevantes y promover soluciones aplicables a todo el sector local de Castilla y León.
El órgano acometerá también en 2020, dentro de otras actuaciones, el Informe de seguimiento de recomendaciones, ejercicio 2019. Este Plan recoge además la continuación de 17 fiscalizaciones procedentes de planes anteriores cuya finalización se proyecta para el próximo año.
