El Procurador del Común, Tomás Quintana López, expresó hoy la preocupación de la institución por el aumento de las quejas sobre un trato discriminatorio a las entidades locales menores a la hora de recibir las inversiones municipales en sus poblaciones.
En la presentación de su primer Informe Anual correspondiente al año 2018 ante las Cortes, explicó que se ha incrementado el número de quejas por una “inadecuada prestación de los servicios” y subrayó que algunas entidades locales menores han pedido su intervención.
“Nos han hecho saber la discriminación que sufren a la hora de recibir las inversiones municipales en sus poblaciones o la progresiva disminución de las ayudas que reciben de otras administraciones”, detalló, convencido de que esos fondos son necesarios para garantizar una prestación igualitaria de los servicios públicos.
Quintana López incidió en que el problema les preocupa “doblemente”, por un lado, por los que puede tener de “trato discriminatorio” el hecho de que en función de donde se resida se reciben unos servicios de mayor o menor calidad y, por otro, porque la deficiente prestación en el medio rural puede contribuir a su abandono, lo que “agrava el fenómeno de la despoblación”.
El Procurador avisó también de que puede haber responsabilidades penales si no se colabora con la institución y avanzó que están dispuestos a utilizar todas las herramientas legales para que las administraciones públicas faciliten la información y “no den la callada por respuesta”.
En la presentación de su primer Informe Anual correspondiente al año 2018 ante las Cortes, ya que fue elegido para el cargo en octubre de 2018 en sustitución de Javier Amoedo, Tomás Quintana inició su intervención con esa advertencia y subrayó que “detrás de cada queja hay un ciudadano, un vecino que solo pretende ejercer plenamente sus derechos”.
Tras recordar los objetivos que se planteó de dar mayor visibilidad a la institución para que sea más conocida, dotar de mayor agilidad sus actuaciones y reforzar la Oficina de Atención al Ciudadano, el defensor de los ciudadanos de la Comunidad explicó que han realizado una una labor de “persuasión” para que se produzca la colaboración en “términos reales y efectivos”.
La colaboración con las administraciones se refiere a la demanda de información para resolver las quejas y a la petición posterior de aceptación o rechazo de la resolución, detalló el Procurador del Común, que recordó que se han realizado a algunas instituciones hasta seis requerimientos por falta de respuesta.
Quintana López subrayó que la demora en la respuesta puede suponer tener que comunicar al ciudadano que realizó la queja que ésta se archiva y explicó que, para “evitar efectos indeseados”, se adoptó como novedad a partir del 1 de enero de 2019 acortar el número de recordatorios de cinco a tres, así como poner de manifiesto que la falta de colaboración puede determinar “responsabilidades de índole penal”.
