ICAL
Los grupos Popular y Vox rechazaron hoy en el pleno de las Cortes una proposición no de ley del Grupo Socialista, apoyada por toda la oposición, que reconocía el papel de las organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que trabajan con la población inmigrante, y especialmente con los menores no acompañados. Los socios acusaron a la política del Gobierno de las llegadas, tras lo sucedido en Ceuta, y el PSOE les instó a que rectifiquen la supresión de fondos a las ONG.
La socialista María del Carmen Iglesias aseguró que Castilla y León tiene el “mandato claro” de apoyar y sostener a las entidades que trabajan para proteger a los más vulnerables y el interés superior del menor, que insistió es un “derecho”. Esto, insistió, es el “suelo mínimo” para cualquier sociedad “decente” y señaló que la protección social no debería ser un valor de la izquierda por lo que se preguntó dónde ha quedado el “humanismo cristiano” de la derecha.
De esta forma, alertó de las consecuencias de criminar a las organizaciones y entidades ya que recordó que el pacto de PP y Vox plantea la supresión de los fondos a los que participen en la promoción de la inmigración legal. Por ello, pidió a los socios de gobierno que eviten recorrer el camino emprendido en el pasado por el Ayuntamiento de Burgos. También criticó el “filibusterismo político» de los de Santiago Abascal por actuar como los “guardianes españolidad”.
La ‘popular’ Mercedes Cófreces rechazó la iniciativa porque consideró es “incompleta”, está “viciada” en sus análisis, plantea acciones que ya se hacen y porque trata de “desviar” la atención tras la “lamentable” intervención del portavoz socialista, Carlos Martínez, el pleno pasado sobre la situación de Ceuta. A su juicio, el PSOE se centra en la atención de los menores en España, protección que aseguró tienen “muy claro”, pero apuntó a la política migratoria del Gobierno que debe impedir las llegadas de niños a través de las “redes” o “mafias”.
Por ello, pidió a los socialistas que aclaren si su respuesta es el reparto de menores, porque garantizó Castilla y León “cumple con la legalidad” como tierra de “acogida” y “solidaria” con las personas que llegan de forma “legal”, “atendiendo y protegiendo los menores”, de acuerdo a su capacidad de acogida y recursos disponibles. Además, defendió el compromiso con las entidades del tercer sector, pero abogó por el retorno de los menores a sus hogares.
El representante de Vox Javier Martínez rechazó que los socialistas tengan la “exclusiva” o sean “dueños” de la “solidaridad” o que deban pedirles permiso para ser “buenas personas”. Por ello, no aceptó “lecciones” ni el “chantaje moral” tras lo visto en Ceuta y reivindicó su derecho a defender España.
De esta forma, garantizó que la presencia de Vox en el gobierno se notará porque se opondrá a financiar el “negocio” de la inmigración ilegal, impulsarán auditorías para conocer el destino de los recursos que reciben las organizaciones y rechazarán la distribución de menores, que insistió deben estar con su padres, no lejos de su casa, en manos de traficantes.
El parlamentario de UPL Luis Mariano Santos aseguró estar “totalmente de acuerdo” en la inmensa mayoría de las propuestas de iniciativa socialista, aunque consideró que tenía la sensación de que el PSOE está “enredando” para “tapar” la “insuficiencia” del Gobierno en Ceuta. “Si pretenden esconder su incapacidad con lo que está pasando en Ceuta, ahí a nosotros no nos van a encontrar”, apostilló.
Finalmente, el procurador de Soria YA, Ángel Ceña, aseguró que esta iniciativa se refería a la situación de Ceuta y censuró que se utilice la inmigración o la protección del menor como arma arrojadiza”.