La secretaria del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez, volvió hoy a pedir al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que explique si conocía los hechos investigados por la justicia sobre el edificio de Arrroyo de la Encomienda y los terrenos del polígono de Portillo (Valladolid), puesto que era miembro del Consejo de Gobierno y del Ejecutivo autonómico en aquella etapa.
En una comparecencia en las Cortes, la procuradora socialista exigió, como lo hizo el portavoz Luis Tudanca a Mañueco en un pleno de las Cortes, que el presidente de la Junta informe sobre lo que ocurrió, puesto que fue consejero de Presidencia y Administraciones Públicas entre 2001 y 2007 y de Interior y Justicia, entre 2007 y 2011, además de ‘número dos’ del PP de Castilla y León.
“Algo tendrá que decir”, sostuvo la parlamentaria, puesto que argumentó los dirigentes ‘populares’ son muy dados, en su opinión, a pedir explicaciones en otros casos a personas que no formaba parte, ni siquiera, del Consejo de Gobierno. Por tanto, como miembro, Fernández Mañueco debería a su juicio comparecer en la Comisión de Investigación que sobre esta causa y la investigación judicial de las eólicas se ha constituido en la cámara autonómica.
De la misma forma la socialista pidió a Fernández Mañueco que informe si como consejero y miembro de la Junta conoció la delegación de competencias entre la Consejería de Hacienda, que dirigía Pilar del Olmo, y la de Economía, en manos del fallecido Tomás Villanueva, lo que le permitió que su departamento pudiera arrendar un inmueble en el que concentrar los servicios centrales.
También, la procuradora socialista recordó que el actual portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, declaró en 2016 no había habido un “pelotazo” en el alquiler y compra posterior del edificio de Soluciones Empresariales de la Junta, conocido como ‘Perla Negra’. Sin embargo, recalcó que tres años después el propio Ejecutivo, personado como acusación, ha pedido penas de prisión y multas millonarias para la excúpula de la Consejería de Economía.
“Han pasado de no hay pelotazo a pedir penas de prisión para las personas de las que usted me habla”, sentenció Patricia Gómez, quien recordó que entre los investigados están los exconsejeros Rafael Delgado, también involucrado en las eólicas, y Begoña Hernández, quien aseguró participaron em esta “trama” durante la etapa del fallecido Tomás Villanueva.
En conjunto, la parlamentaria socialista recalcó que se hicieron unos actos presuntamente delictivos que supusieron unos 20 millones para las arcas de la Comunidad y los contribuyentes castellanos y leoneses. En su opinión, esto produjo un enriquecimiento de la excupula de Economía, en la etapa del expresidente Juan Vicente Herrera, a costa de la Comunidad.
Por ello, Patricia Gómez puso en valor la actuación del PSOE hace seis años cuando se inició esta causa, que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, a pesar de que en el inicio la Junta rechazó personarse, según recordó, al considerar que no se había cometido ningún delito.
Más tarde, añadió, quiso hacerlo sobre el equipamiento del edificio de Arroyo, si bien recordó que el juez exigió que lo hiciera sobre el conjunto de la causa y que precisara en calidad de que lo hacía, algo que señaló no ha precisado todavía, a pesar de la solicitud hecha por la Fiscalía y el PSOE, acusación particular.
Igualmente, la parlamentaria indicó que los delitos investigados son los de revelación de secretos, prevaricación continuada, trato de favor, cohecho, malversación y fraude a la adaministración, a los que el PSOE añade el de organización criminal. Por ello, las penas máximas alcanzarían los 34 años para Rafael Delgado y Begoña Hernández y once años y seis meses para Juan Carlos Sacristán.
Por su parte, la Fiscalía Provincial de Valladolid, que cifró en más de 23,4 millones de euros el fraude, pide once años de prisión para los entonces viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, así como para el exconsejero delegado de Gesturcal-ADE Parques, Juan Carlos Sacristán.
La Junta solicita para los diez imputados penas de prisión que suman un total de 20 años, multas por 22,5 millones y una responsabilidad civil de los acusados a pagar a la Administración autonómica de 16,3 millones.
Los investigados por el juzgado son los exviceconsejeros de Economía y Empleo, Rafael Delgado y Begoña Hernández, además de Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, exdirector gerente de Gesturcal y exdirector general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, exdirector financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, exdirector de la División de Internalización de ADE.
Dentro de los empresarios, se imputa a los responsables de Urban Proyecta Luis Antonio Recio García, Ángel Román Montes López y Germán José Martín Giraldo, empresa con la que la Junta suscribió el contrato, primero de arrendamiento y luego de compra, del edificio de Arroyo, así como a Alberto Esgueva, exsocio de Rafael Delgado, y a su hermano Francisco.
