ICAL
El Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL-PSOE) pretende que la primera ley que llegue a las nuevas Cortes, que previsiblemente se constituirán el 14 de abril, sea la de prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad al considerar que es un asunto “absolutamente urgente”. Todo ello, después de haber puesto en marcha la Mesa de Incendios para dar voz y ser altavoz de las demandas del sector, tras mantener una reunión en Valladolid con los representantes de los sindicatos CCOO y Csif y la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl). Un órgano que, según aseguró el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, también estará abierto a otros colectivos como los propietarios privados de montes y espera contar con las aportaciones de los ayuntamientos, con independencia de su color político.
Martínez urgió a la necesidad de garantizar la conservación de los montes y el “rico” patrimonio natural, por que es “lo mejor” que tiene la Comunidad. De ahí que pidiera a la Junta un ejercicio de responsabilidad para los trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales pero también con los vecinos que viven en esos lugares. “Los agentes forestales y el colectivo se están jugando la vida para conservar ese patrimonio natural, por que, lamentablemente, como vimos el año pasado y los anteriores, algunos lo pagan con su muerte”, lamentó. Dejó claro que los agentes forestales no reivindican, ahora, un incremento de sus salarios sino que solo plantean una mejora de la organización del dispositivo y una formación más completa para salvar el territorio.
En este sentido, el secretario general de PSCyL denunció, según recogió la Agencia Ical, que, pese a los anuncios de la Junta, la mayor de los bomberos forestales solo está contratado seis meses, “en el mejor de los casos”, lo que obliga a muchos de ellos -jóvenes y bien preparados- a salir a trabajara a otras regiones. Precisó que el nuevo ejercicio de “maquillaje” de la Junta para ampliar los contratos durante más tiempo solo beneficia al 20 o al 30 por ciento de la plantilla. También, criticó la “fragmentación” de un servicio, entre lo público y las empresas privadas, además de poner en riesgo la salud de los trabajadores. Fue entonces cuando recordó que hay cerca de 40 contratas, que priorizan el “negocio”.
En la línea de lo expresado por los sindicatos y Atifcyl, Carlos Martínez demandó un nuevo decreto de guardias, ya que el que está en vigor es de 2004. “No puede haber las mismas cuatro personas que hace más de 20 años para abordar los incendios de sexta generación y hacer frente al fuego con el cambio climático”, aseveró. Ni tampoco que la formación se limite a un curso de 16 horas para luego hacer frente a grandes incendios, ante los que pueden fallecer. También, apostó por una adaptación a las legislaciones nacional y europea.
El representante de CCOO, Jorge Nieto, aseguró que el decreto de guardias es la “piedra angular” para empezar a trabajar en la campaña de incendios. Además, demandó una previsión de la cobertura de vacantes, por que a lo largo de la campaña se producen bajas y la Junta no tiene previsto las sustituciones. “No puede ser que comience la época de los incendios y se busque personal”, aseveró. También, se refirió a que tampoco están reconocidas las enfermedades profesionales pese a estar sometidos a cancerígenos como hollín y monóxido de carbono, el uso indebido de los Epis (equipos de protección individual) y las jornadas “maratonianas”, que la legislación marca un máximo de doce horas y que, en ocasiones, se prologan hasta las veinte.
El líder socialista cargó contra la “negligencia” del Gobierno de la Junta, que se niega a mejorar las condiciones laborales de los profesionales pero tampoco garantiza la seguridad del personal que forma parte del operativo que lucha contra el fuego. “Eso obliga al PSOE a ejercer una forma de gobierno muy diferente al aislamiento que practica Alfonso Fernández Mañueco”, sentenció. No en vano, subrayó que preservar el patrimonio natural de Castilla y León es una “cuestión de justicia”. A su juicio, al margen de los resultados electorales del pasado domingo 15 de marzo, es necesario que “cambien las cosas”, al considerar que la administración autonómica no puede abandonar “a su suerte” el patrimonio natural, a los pueblos y la gente que viven en ellos.
Por su parte, Sara Mateos, de Csif, aseguró que la “triste realidad” es que, pese a los anuncios de la Junta, no ha cambiado “absolutamente nada” en el operativo de la extinción de incendios forestales. “Es una estructura decadente y plagada de deficiencias, con condiciones precarias y sueldos de 1.200 euros para apagar grandes incendios”, expuso. No en vano, precisó que de las 4.500 personas que forman el operativo, solo entre el 20 y el 30 por ciento es personal público mientras que el resto trabaja en las empresas privadas.
Además, señaló, según Ical, que lo ocurrido el año pasado o en la Sierra de la Culebra en 2022 volverán a ocurrir mientras que la administración autonómica sigue sin actuar, lo que incrementa el riesgo que sufre el personal. “La Junta pretende que seamos dóciles y estemos callados pero seguiremos peleando. No vamos a esperar a que haya más muertos”, sentenció.
El portavoz de Atifcyl, Sergio Fidalgo, añadió que Castilla y León sigue sin tener una ley que reconozca la figura de bombero forestal pero tampoco cuenta con una norma sobre las enfermedades profesionales ni coeficientes reductores, por lo que hay trabajadores de 66 años que apagan incendios. “La Junta no deja de manipular las estadísticas y los discursos sobre la mejora de los operativos”, declaró, tras señalar que el 80 por ciento del personal sigue de manera temporal y en concesiones de empresas privadas, que presentan ofertas a la baja, cuando la demanda del colectivo es que haya un operativo cien por cien público y con trabajadores que estén contratados todo el año.