ICAL
El riesgo de pobreza afecta a 475.000 personas en Castilla y León, el 19,8 por ciento de la población, lo que supone un incremento de 32.000 personas respecto al año anterior. Además, el 24,1 por ciento de los habitantes de la Comunidad, alrededor de 578.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que permanece prácticamente estable respecto a 2024.
Así se muestra en XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y presentado hoy en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad, con la participación de su presidente, Enrique Cabero, y del presidente de EAPN Castilla y León, Óscar Castro, informa Ical.
El documento que recoge los datos correspondientes a 2025, refleja un empeoramiento de los principales indicadores de pobreza, pese a que Castilla y León mantiene una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social inferior a la media nacional, situada en 25,7 por ciento. Sin embargo, la tasa de pobreza autonómica supera ligeramente la estatal, que alcanza el 19,5 por ciento.
Durante su intervención, Castro advirtió de que los resultados del informe muestran una evolución “preocupante” que debe llevar a las administraciones a “reforzar las políticas sociales”. En este sentido, recordó que “detrás de las estadísticas existen personas y familias que encuentran dificultades para desarrollar sus proyectos de vida”.
“La pobreza no es inevitable, es una realidad sobre la que podemos y debemos actuar”, defendió el presidente de EAPN Castilla y León, quien insistió en que el objetivo de las políticas públicas “no puede limitarse a gestionar las situaciones de vulnerabilidad, sino que debe centrarse en reducirlas y avanzar hacia su erradicación”.
La presentación del informe se produce a las puertas del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, una fecha que, según Castro, recuerda que la pobreza “no es sólo una cuestión económica, sino fundamentalmente una cuestión de derechos humanos y de justicia social”.
Menores en riesgo de pobreza o exclusión
Uno de los datos más preocupantes del informe corresponde a la población infantil, puesto que el 30,9 por ciento de los menores de 18 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que supera en 6,8 puntos la media autonómica.
Aunque este indicador disminuye nueve décimas respecto al ejercicio anterior, la infancia continúa siendo el grupo de edad con mayor vulnerabilidad. Además, la tasa de pobreza infantil alcanza el 29,8 por ciento, mientras que la pobreza severa afecta al 19,7 por ciento de los menores.
“Seguimos teniendo a casi uno de cada tres niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social”, lamentó Castro, quien también manifestó su preocupación por el incremento de la pobreza severa y la persistencia de las desigualdades vinculadas al género, la edad, la situación laboral o el lugar de residencia.
En el conjunto de la Comunidad, la pobreza severa se sitúa en el 9,8 por ciento, frente al 8,4 por ciento registrado el año anterior, mientras que la carencia material y social severa alcanza el 6,7 por ciento y la baja intensidad de empleo en los hogares aumenta hasta el 9,5 por ciento, 2,5 puntos más que en 2024.
El informe también identifica importantes diferencias según las circunstancias personales. Así, el riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 33,8 por ciento de las personas con discapacidad, al 26,6 por ciento de quienes residen en zonas rurales y al 57,6 por ciento de las personas desempleadas.
Por sexos, el indicador alcanza el 24,7 por ciento de las mujeres y al 23,4 por ciento de los hombres, mientras que entre los jóvenes de 18 a 29 años se sitúa en el 25,3 por ciento.
La vivienda agrava las situaciones de vulnerabilidad
La vivienda ocupa un lugar destacado entre las principales preocupaciones de EAPN Castilla y León. Según los datos del informe, el 53,3 por ciento de las personas que residen en una vivienda de alquiler a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que el 48,7 por ciento vive por debajo del umbral de pobreza.
Castro advirtió de que esta situación afecta también a personas que cuentan con un empleo y perciben ingresos, pero que encuentran enormes dificultades para afrontar los gastos relacionados con el acceso y mantenimiento de una vivienda. “La vivienda no puede, bajo ningún concepto, convertirse en un privilegio, en un negocio, al que sólo puedan acceder quienes disponen de determinados recursos económicos”, reivindicó.
En este contexto, defendió que disponer de una vivienda adecuada y estable constituye “una condición imprescindible” para mantener el empleo, cuidar la salud, garantizar la educación de los menores y desarrollar un proyecto de vida.
Los datos reflejan, además, que el 7,6 por ciento de la población destina más del 40 por ciento de sus ingresos a los gastos de vivienda, porcentaje que se eleva hasta el 32,7 por ciento entre las personas en situación de pobreza. Asimismo, el 8,8 por ciento ha sufrido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca y el 11,2 por ciento no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
Ante esta realidad, EAPN considera “imprescindible” reforzar las políticas públicas de vivienda mediante la ampliación del parque público de alquiler social, la movilización de viviendas vacías, la adaptación de las ayudas al alquiler y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de desahucios.
También reclamó prestar especial atención a las personas sin hogar y a las dificultades de acceso a la vivienda en el medio rural, donde la escasez de oferta supone “un obstáculo adicional” para la permanencia de la población. “La vivienda debe dejar de ser un factor que genera pobreza y convertirse en una herramienta para combatirla”, subrayó Castro.
Sin prestaciones públicas, la pobreza alcanzaría el 45,6%
El presidente de EAPN Castilla y León también puso en valor la importancia de los mecanismos de protección social, que permiten “reducir considerablemente los niveles de pobreza en la Comunidad”.
En concreto, el informe revela que, sin las transferencias públicas, incluidas las pensiones y el resto de prestaciones sociales, la tasa de pobreza alcanzaría el 45,6 por ciento de la población, frente al 19,8 por ciento actual.
De acuerdo con los datos, las pensiones de jubilación y supervivencia evitan que el 20,4 por ciento de la población caiga en situación de pobreza, mientras que el resto de prestaciones sociales permiten proteger a otro 5,4 por ciento.
Castro consideró que estas cifras demuestran la eficacia del sistema de protección social, aunque también ponen de manifiesto la necesidad de “continuar reforzando las políticas destinadas a prevenir y reducir las situaciones de vulnerabilidad”.
En este sentido, reclamó una reforma de la Renta Garantizada de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital que permita “simplificar los procedimientos administrativos, mejorar la complementariedad entre ambas prestaciones y evitar que las personas beneficiarias queden desprotegidas”.
También defendió unos servicios sociales “más accesibles y coordinados, el impulso del empleo digno, la inclusión sociolaboral y la igualdad de oportunidades educativas”. “Las políticas sociales no deben entenderse como un gasto, no lo son, sino como una inversión imprescindible para construir una sociedad más justa, cohesionada y con mayores oportunidades”, manifestó.
Estrategia coordinada
Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, destacó la importancia del informe para identificar las causas estructurales de la pobreza y orientar las políticas públicas destinadas a combatirla.
Cabero sostuvo que la persistencia de situaciones de pobreza y exclusión social constituye un “fracaso del Estado social y democrático de derecho”, cuyo objetivo fundamental debe ser “garantizar la libertad y la igualdad real y efectiva de todas las personas”.
“Cada vez que constatamos con datos concretos la existencia de pobreza, de riesgo de pobreza, de exclusión o de riesgo de exclusión, estamos constatando un fracaso del sistema que debemos corregir inmediatamente”, afirmó.
Asimismo, advirtió de que el incremento de las desigualdades no sólo afecta a los derechos y libertades de las personas más vulnerables, sino que también “debilita la legitimidad del propio modelo de Estado y del contrato social sobre el que se sustenta”.
El presidente del CES hizo especial hincapié en la necesidad de analizar las consecuencias de las sucesivas crisis económicas registradas desde 2008, “que han agravado las situaciones de desigualdad y exclusión social”.
“El crecimiento económico no produce necesariamente la finalización de la pobreza y la exclusión social”, advirtió Cabero, quien defendió la necesidad de desarrollar “estrategias específicas y coordinadas para afrontar este problema”.
Las medidas económicas y macroeconómicas resultan “insuficientes” si no van acompañadas de políticas públicas dirigidas expresamente a reducir las desigualdades. “No podemos conformarnos con medidas aisladas, hay que realizar una actividad coordinada, una estrategia contra la pobreza y la exclusión social”, insistió.
Cabero también aseguró que el CES continuará incorporando las propuestas y recomendaciones de EAPN a sus debates y trabajos sobre políticas sociales.
Reforzar la garantía de ingresos
Ante los resultados del informe, EAPN Castilla y León planteó la necesidad de impulsar una estrategia autonómica contra la pobreza y la exclusión social.
Entre sus propuestas figuran la ampliación de los servicios educativos para menores de tres años, el refuerzo de la atención sanitaria en el medio rural, la mejora de la atención a la salud mental y la creación de una ventanilla única social que permita reducir los trámites burocráticos.
La organización también propone facilitar el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía, reforzar la inserción laboral y desarrollar una estrategia autonómica para las personas sin hogar. Asimismo, reclama impulsar una Mesa del Diálogo Civil con el Tercer Sector y garantizar una financiación estructural y plurianual para las entidades sociales.
Castro insistió “no podemos conformarnos con estar mejor que otros territorios cuando cientos de miles de personas siguen encontrando dificultades para acceder a unas condiciones de vida dignas”.
“Una sociedad que reduce la pobreza no solo es una sociedad más justa, es una sociedad más fuerte y cohesionada”, concluyó.