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El abogado del exdelegado institucional de Iberdrola en Castilla y León y consejero delegado de su filial Biovent entre 2000 y 2007, Ricardo Bravo, uno de los acusados en la denominada ‘trama eólica’ que está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Valladolid y para quien el Ministerio Fiscal reclama seis años de prisión y una multa de 100 millones de euros, afirmó hoy en su informe final que en aquellos años Iberdrola no hizo nada distinto a lo que pudieron hacer otras empresas como Endesa y ACS.
A su vez, aseguró que no tiene ninguna explicación que durante el juicio la Fiscalía haya retirado las acusaciones contra dos superiores de Ricardo Bravo como eran Pedro Barriuso y Rafael Icaza de la Sota y mantenga los cargos contra su cliente. En este sentido, argumentó que es “imposible”, en función de sus responsabilidades y en una empresa con tantos órganos de control como Iberdrola, que su cliente hubiera podido cometer en solitarios los hechos de los que está acusado.
En su alegato, llegó a tildar de “chatarra argumental” el escrito de acusación del fiscal y aseguró que se trata de un “caso de laboratorio especulativo” en el que no hay pruebas. Así, recalcó que no hay pruebas ni testigos que demuestren que hubo un acuerdo previo entre Ricardo Bravo y Rafael Delgado, ni que el exviceconsejero de Economía recibiera dádivas de la empresa eléctrica.
También indicó que la mayor parte de la argumentación del fiscal se sostiene en las declaraciones del exdirector general de Energía y Minas y del Ente Regional de la Energía (EREN), Ricardo González Mantero, “testigo estrella” que comenzó la investigación como procesado pero que, tras su tercera declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, paso a ser testigo, algo que para el abogado de Ricardo Bravo es “curioso, pero no casual”.
Al mismo tiempo, puso en duda que hubiera un “acuerdo delictivo” entre la Junta e Iberdrola, cuando las pretensiones de la compañía energética en Castilla y León eran construir parques con una potencia de 2.200 megavatios y al final solo se pusieron en marcha instalaciones que suman 700 megavatios.
Sobre los 47 millones de euros que se pagó a Industrias San Cayetano por su 40 por ciento en Castellana Global de Energía, el abogado aseguró que no existieron pagos por servicios y sí por la compra de las acciones a precio de mercado, y el mismo argumentó utilizó en el caso de Villar de Frades y los cuatro millones que recibió Andrés Martín de Paz. No obstante, en este punto indicó que ya en el año 2002, antes de que Delgado llegara a la Consejería de Economía, ya se formalizó un acuerdo entre Ricardo Bravo y Martín de Paz para la instalación de una torre de medición de viento en una finca de su propiedad. “El dato mata al relato”, sentenció.
En su informe final también reclamó la prescripción del delito de cohecho, dado que Ricardo Bravo se jubila de Iberdrola en 2007, y planteó que, en el caso de una sentencia condenatoria, se tiene que aplicar el atenuante por dilaciones indebidas.