ICAL
La gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Esperanza Vázquez, volvió hoy a reclamar una mejor financiación del Estado por que la prestación de los servicios sociales en el medio rural es un 52 por ciento más cara que en la ciudad, por la gran extensión de la Comunidad, la dispersión poblacional y la escasa población en los municipios. “Prestar el modelo centrado en la persona conlleva mayores ratios de personal que en el ámbito urbano, donde la población está más concentrada”, apuntó. En este sentido, recordó la petición reiterada de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, al Gobierno de España para que financie el 50 por ciento de la Ley de Dependencia y que el criterio del ámbito rural se tenga en cuenta a la hora de distribuir fondos entre las autonomías. No en vano, precisó que el 97 por ciento de los municipios de la Comunidad tiene menos de 5.000 habitantes.
Antes de participar en la jornada ‘Atención a la dependencia en el medio rural’, organizada por la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) con Plena Inclusión, Vázquez reconoció que el “reto” de la Comunidad es encontrar personal para la atención de las personas mayores, con discapacidad y dependencia en el medio rural, para lo que es necesario contar con la colaboración de las entidades del Tercer Sector. En todo caso, subrayó que el Observatorio de la Dependencia sitúa a Castilla y León a la cabeza en la creación de empleo, al contar con 40.000 trabajadores, lo que supone es el 11 por ciento de España.
Añadió, según recogió la Agencia Ical, que el modelo “único” de Servicios Sociales en la Comunidad, basado en la colaboración y la coordinación con las entidades locales, las diputaciones provinciales y el Tercer Sector, ha logrado unos muy buenos resultados, pese a atender a más de 180.000 personas dependientes. En este sentido, precisó que el mismo Observatorio da a Castilla y León la mejor calificación en la gestión de la dependencia, con un 8,3, junto a Castilla-La Mancha. Además, el Informe DEC, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, otorga a la Comunidad una nota cercana a 8 sobre 10 y es el territorio que no tiene lista de espera, apenas un 0,1 por ciento frente al 6,6 por ciento en el conjunto del país. También, destaca por el plazo de resolución de la dependencia, que es de 133 días frente a los 350 en el resto de España o de reconocimiento de la prestación, que es de dos meses mientras que aumenta hasta seis en España. “Queremos seguir en estos estándares”, sentenció la gerente regional.
Por otro lado, Esperanza Vázquez apostó por la innovación social, sin olvidarse de otros programas afianzados como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, que se prestan con la colaboración de los ayuntamientos. También citó el programa ‘A gusto en casa, para atender a las personas que quieran permanecer en su propio domicilio, si así lo desean, con los apoyos que necesiten para la realización de sus actividades cotidianas, cuidado de la salud, participación en la comunidad y, en general, todas aquellas actividades significativas que den sentido a su vida; INTecum, que ofrece a las personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal los apoyos que necesite para que pueda seguir viviendo en el hogar elegido mientras evoluciona la patología; el envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada
La gerente de Servicios Sociales destacó la labor de los Ceas (Centro de Acción Social), de los que el 93 por ciento está en el mundo rural, que son la puerta de entrada para atender a los ciudadanos que solicitan ayudas y prestaciones de dependencia. “El objetivo es que haya igualdad de condiciones, con independencia de donde vivan. El compromiso de la Junta con el medio rural siempre ha estado presente”, aseguró.
El presidente de Plena inclusión Castilla y León, Juan Pablo Torres, también coincidió con la gerente de Servicios Sociales sobre la dificultad de llegar a todos los municipios de la Comunidad, al ser tan extensa, tener tanta dispersión de pueblos y núcleos de población muy pequeños. “Es muy complicado llegar a todos los sitios”, declaró. En este sentido, valoró el trabajo de Plena Inclusión, que atiende a 8.000 personas con discapacidad intelectual.
El vicepresidente de la FRMP, José María Bravo, subrayó la importancia de los ayuntamientos, al ser la puerta de entrada y la primera administración pública y la más cercana, a la que acuden los ciudadanos. Valoró la colaboración con otras administraciones supramunicipales como las diputaciones y la Junta de Castilla y León, además de las asociaciones del Tercer Sector. “Las competencias de los ayuntamientos son bastantes escasas y limitadas pero somo los que hacemos un primer diagnóstico de la situación y dar esa voz de alarma”, concluyó.