La Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Región de Murcia preparan un acuerdo para coordinar políticas y compartir e implementar medidas en materia de empleo y formación que permitan lograr el objetivo común de reducir el desempleo en sus respectivos territorios.
Así lo anunció este martes el consejero de Empleo e Industria de la Junta, Germán Barrios, tras la reunión que ha mantenido en Madrid con sus homólogos de las otras tres comunidades en la que se han sentado las bases para diseñar el protocolo de actuación.
“Entre las cuatro representamos a casi 20 millones de ciudadanos que necesitan políticas de empleo que tengan eficacia y lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa las buenas prácticas, lo que sabemos hacer cada una, para que las demás regiones de España lo puedan hacer también”, explicó Barrios en un receso de la reunión.
Además de Barrios, participaron en el encuentro el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, que ejerció de anfitrión; el de Empleo, Investigación y Universidades de Murcia, Miguel Motas, y el viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel García.
Los cuatro, nombrados por Ciudadanos dentro de los acuerdos de Gobierno que la formación ‘naranja’ mantiene con el PP en cada una de las cuatro regiones, coincidieron en señalar la importancia de compartir las buenas prácticas que las distintas regiones están aplicando para generar empleo de calidad y acordaron firmar próximamente un acuerdo que recoja las condiciones y objetivos de ese trabajo conjunto.
Entre los aspectos clave estará la transformación de las oficinas de empleo y de los servicios que prestan a los demandantes, con especial incidencia en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías -digitalización o desarrollo de apps- que agilicen la puesta en contacto de las personas que buscan un empleo con las empresas que lo ofertan.
Precisamente el incremento de la prospección de empresas será otro de los aspectos que se verán reflejados en el acuerdo, con el objetivo de identificar los perfiles profesionales más demandados por las compañías. Una información que permitirá dirigir las acciones de orientación y formación a los sectores y profesiones con mayores salidas laborales, elevando así la empleabilidad tanto de las personas en paro como de los trabajadores que quieren mejorar en su carrera profesional y dando un papel protagonista a la actividad de las oficinas de empleo.
“Es fundamental mejorar la intermediación laboral”, afirmó Barrios al respecto antes de añadir que en la reunión se habló “no sólo de hacer un perfilado de la oferta de cada oferta de empleo sino también un perfilado de demanda” ya que las oficinas de empleo de Castilla y León “tienen que atender a nuestros desempleados, a nuestros trabajadores ocupados y también a los empresarios”.
Lo que necesitamos es que los fondos de formación y empleo se evalúen y se premie a quién lo hace bien, no lo contrario. Por eso, explicó, la Junta ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) que “evalúe” las políticas que se están implementando en nuestra comunidad “y en función de los resultados, seguir haciendo las políticas que están bien o comenzar a cambiar nuestras políticas”, indicó Barrios.
“Alguien tiene que poner sobre la mesa que políticas se están haciendo, cuáles se tienen que empezar a hacer, cómo evaluamos los resultados y premiamos a los que mejor lo hacen”, dijo a modo de resumen.
Según dijo Barrios, el acuerdo alcanzado entre las cuatro comunidades será “reivindicado” en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo. “Vamos a reivindicar que haya unas políticas vinculadas al tejido productivo y a la economía real; que las transferencias de fondos vengan con prontitud a las comunidades autónomas y que los fondos no vengan encorsetados”, manifestó al respecto.
Sobre este último punto explicó que cada comunidad “tienen sus peculiaridades” por lo que los fondos deben llegarles “incondicionados” para que cada una pueda hacer “políticas vinculadas realmente a lo que estén demandado los sectores económicos en cada una de las comunidades autónomas”.
