El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, defendió hoy que el nombramiento de personal eventual en la Junta de Castilla y León, pese a ser un Gobierno de coalición, es “ajustado” a las necesidades y su número está entre los menores en el ránking de las comunidades, a la vez que avaló que los ‘popuares’ Ignacio Cosidó y Esther Muñoz tienen el perfil y los méritos para ser asesores del presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco.
En la comisión de la Presidencia de las Cortes, Ibáñez esgrimió una explicación jurídica, con mención a la doctrina del Tribunal Constitucional, para afirmar que son 34 puestos de confianza política -pueden nombrar hasta 44- con un cometido especial que no requieren de justificación o motivación por quien les nombra, que como tal los cesa.
El socialista Luis Briones calificó de “excesivo” el número de personal eventual y criticó que los sueldos de los 165 entre altos cargos, personal asesor y contratos de alta dirección supone 8,7 millones al año, 30 en cuatro años, que “Castilla y León no se puede permitir” cuando “luego no hay dinero para consultorios locales o las 35 horas”.
Briones, como después Laura Domínguez (Podemos), se centraron en censurar los nombramientos de los populares Ignacio Cosidó y Esther Muñoz, ya que el primero cuestionó la independencia del poder judicial y la segunda habló de la Memoria Histórica como de “desenterrar unos huesos y crear otra verdad de Estado”.
“Castilla y León no es una agencia de colocación de políticos desnortados”, criticó Briones, que manifestó que el “único motivo” en el nombramiento de Cosidó es que es “mi amigo Nacho”, que puso en palabras del presidente de la Junta. “Gastan dinero en colocar a amigos que no aportan nada”, afirmó.
Ibáñez, que no aceptó el número de 165 dado por el socialista, replicó con la lectura de las titulaciones académicas y puestos desempeñados en el ámbito político por Cosidó para asegurar que “cumple y está sobradamente preparado” para ser asesor del presidente de la Junta en materia de reto demográfico. «¡Ponga delante un currículum mejor que éste!», espetó, después de indicar que Pedro Sánchez cuestionó la independencia judicial y tuvo que corregir lo dicho sobre el Fiscal General del Estado.
También, a la pregunta expresa de Domínguez sobre la exsenadora leonesa Esther Muñoz, argumentó que en el Diario de Sesiones de la Cámara figura que no se refirió a los represaliados de la Guerra Civil sino a los “huesos del dictador”, y añadió que en esa etapa en la Cámara Alta trabajó en defensa de las exhumaciones en el Valle de los Caídos, que consiguió “desbloquear”.
En su argumentación, manifestó que una expresión no la “puede deslegitimar” y recordó a Domínguez que también se puede cuestionar si Pablo Iglesias está capacitado para ser vicepresidente del Gobierno cuando se refirió a un condenado por terrorismo (Arnaldo Otegui) como “hombre de paz”.
El consejero argumentó que la cifra de personal eventual es “ínfimo” en relación a los empleados públicos, el 0,05 por ciento sobre 86.000, y se centró en detallar el número de asesores en otras comunidades, para detenerse en concreto en Aragón, con 66 puestos, donde leyó puestos de personas de perfil político y vinculadas al PSOE.
“No he tratado de entrar en el y tú más, he tratado de poner la situación en contexto y en comparación”, aseveró para explicar si el número es o no excesivo como dijo la oposición, donde se refirió no solo a Aragón, sino a Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, La Rioja o Galicia, todas ellas con más nombramientos de este tipo.
Arrancó su intervención Ibáñez con la critica a la oposición de «estirar un chicle que no tiene recorido alguno» y con la defensa de la transparencia por parte de la Junta, ya que «todo» está en el Portal de Transparencia, y en el caso de los eventuales figura nombre, puesto a desempeñar y retribución. La oposición le afeó esa aseveración y, en concreto Briones, el «tono arrogante y prepotente».
Luis Briones y Laura Domínguez criticaron también que se tratara de “ocultar” o “disfrazar” los nombramientos de 14 eventuales -reconocido después como un “error” por el vicepresidente, Francisco Igea- o que no se informará el dinero a mayores para el contrato del Hospital Universitario de Burgos. Ibáñez les recordó que el contrato del HUBU recoge su actualización.
Las explicaciones del consejero contaron con el respaldo de María Montero (Cs) y Leticia García (PP), quienes justificaron por las necesidades de la Administración estos nombramientos de eventuales, destacaron la transparencia y subrayaron que en Castilla y León estos puestos son inferiores a los de otras comunidades.
Leticia García diferenció la discrecionalidad, como criterio legítimo dentro de la ley, y la arbitrariedad, como acto contrario a derecho, y defendió los efectuados en la Junta en base a su formación, idoneidad, mérito y experiencia frente a los realizados de “enchufes de familiares” por la alcaldesa de Móstoles.
