ICAL
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, afirmó que el Gobierno autonómico no descarta tomar “medidas autonómicas complementarias” a las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo central para hacer frente a las consecuencias que sobre los sectores productivos está teniendo la guerra en Irán.
Eso sí, Carriedo recordó que la Junta ha hecho “la mayor parte” del esfuerzo económico para asumir el impacto de las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno la pasada semana “en condiciones extraordinariamente complicadas”, por lo que pidió “poner en contexto este esfuerzo para ver nuestro margen” de cara a posibles iniciativas del Gobierno autonómico en este sentido.
Además, antes de avanzar las posibles medidas autonómicas y analizar su posible impacto, Carriedo llamó a “ver la aplicación” de las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno y también a esperar hasta ver qué sucede en los próximos días, “decisivos para ver la orientación de profundidad y orientación del conflicto”, que el portavoz de la Junta esperó que sea “el menor posible”.
En declaraciones recogidas por Ical tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana, Carriedo volvió a cifrar en 117 millones la aportación que hace el Ejecutivo autonómico a las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno la pasada semana para paliar las consecuencias de la guerra en Irán sobre los sectores productivos españoles.
Según argumentó Carriedo, “la mayor parte de la financiación” de las medidas tomadas por el Ejecutivo nacional para reducir el impacto en la inflación y el coste de la energía por “la situación de conflicto en el Golfo Pérsico”, procede de “fondos que corresponden a las comunidades autónomas”.
Y es que, en el caso concreto de Castilla y León, la Junta dejará de recaudar 117 millones por los 74 del Gobierno de España, para un total de 191 millones con los que Carriedo cifró el impacto de las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo central.
El portavoz de la Junta recordó, en ese sentido, que esta circunstancia se debe a que, de los tres impuestos que se reducen, la recaudación es compartida con el Gobierno al 50 por ciento en el IVA, la aportación de las comunidades se eleva hasta el 58 por ciento en el impuesto de hidrocarburos, y es del cien por cien autonómica en el impuesto de la electricidad.