ICAL
Castilla y León logra la mejor puntuación en el desarrollo de servicios sociales, con un Índice DEC del 7,73 sobre 10, tras adelantar a las regiones vasca y navarra, que gozan de privilegios forales, según el informe anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Por lo tanto, Castilla y León lidera a todas las comunidades, es decir, tanto a las de régimen común de financiación como a las forales -País Vasco (7,67) y Navarra (6,97)- como al resto de territorios. Además, obtiene la mayor nota de toda su historia, un 7,73 -0,94 más que el año pasado-, la cual supera en más de dos puntos la media nacional, que ha sido de un 5,46. Con este, ya son doce años con un lugar en el pódium.
La Asociación destaca que Castilla y León muestra un sistema “muy equilibrado” en sus tres dimensiones, que incluso ha mejorado desde su aplicación inicial en 2012. Así ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto. Es decir, una gran eficiencia del sistema, que se debe a la colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas “adecuadas” como la integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales y especialmente a nivel local. “La cultura de consenso en la ordenación del sistema con agentes sociales, Tercer Sector y entidades locales es un intangible que ofrece sus frutos en estos equilibrios”, apuntó.
De la misma manera, valoró que el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León muestra una relación “bastante equilibrada” entre los derechos que reconoce en su ley de nueva generación y el catálogo que los concreta, y su entrega “efectiva” de prestaciones y servicios.
Desde que en el año 2012, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales comenzara a elaborar el Índice DEC, Castilla y León ha estado en las primeras posiciones, liderando siempre a las comunidades de régimen común, cuando no a todas ellas, incluidas las forales. De hecho, ese año y en 2018 ya obtuvo la nota más alta de España, si bien ha sido en 2024 cuando ha batido el récord.
La Junta destacó en un comunicado, recogido por la Agencia Ical, que en todos los informes publicados, la Comunidad ha mostrado de manera continua un sistema “muy equilibrado” que, además, incluso ha ido mejorando con los años. “Ha alcanzado la excelencia en derechos y cobertura y tiene una de las mejores ratios entre cobertura y gasto. La gestión es eficiente, las decisiones estratégicas son apropiadas y hay una alta correspondencia entre los derechos que reconoce y las prestaciones y servicios que otorga, de acuerdo con el Índice DEC”, aseveró.
En concreto, el informe reconoce que Castilla y León cuenta, desde 20217, con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización para alcanzar la “excelencia”.
Más gasto social por habitante
En lo que respecta a la parte económico-financiera, Castilla y León ha incrementado de manera importante el gasto social por habitante hasta alcanzar los 592,5 euros -85,3 euros y un 16,8 por ciento más que en 2023-, colocándose 44,4 euros por encima del conjunto de España (548,1 euros). En términos globales, las administraciones públicas de la Comunidad han incrementado también el porcentaje presupuestario destinado a Servicios Sociales llegando al 11,1 por ciento, frente al 10,2 por ciento de todo el Estado. De ese gasto social global, el 79,4 por ciento procede de la Junta, cuyas cifras se elevan 5,1 puntos sobre la media nacional, y el resto (20,6 por ciento) corresponde a las entidades locales (diputaciones y ayuntamientos). Esto implica que el porcentaje de gasto en esta área sobre el PIB autonómico también crece, al pasar del 1,8 al 1,9 por ciento, mientras que en el conjunto de las comunidades es del 1,7 por ciento.
Otro de los puntos fuertes del sistema castellano y leonés es la cobertura efectiva de prestaciones y servicios. En atención a personas en situación de dependencia, la Comunidad obtiene la nota más alta de España: un 8,3 frente a una media global del 5,1. En ello tiene mucho que ver que el tiempo medio para resolver un expediente, en Castilla y León, es de 113 días, frente los 342 del resto. El 94,8 por ciento de las personas con derecho a algún tipo de prestación la están recibiendo -cuatro puntos más que en todo el país-, y eso también convierte a esta Comunidad en el territorio en el que más personas obtienen prestación en relación con su población.
El coordinador del Índice DEC, Gustavo García, reconoció que “no es lo mismo vivir en comunidad que en otra”, donde las personas de un territorio podrán disfrutar en unos días de la prestación del sistema de dependencia y en otros lugares deben esperar varios meses e incluso un año. Algo que también ocurre, precisó, en el caso de la renta mínima. “Las diferencias son notables”, aseveró. En este sentido, el estudio muestra que Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid tienen la calificación de “irrelevantes” en Servicios Sociales.
García valoró, según Ical, que con “mucho menos” presupuesto que, por ejemplo Extremadura, tiene una mayor cobertura. “Eso pasa por que tenéis muy buena articulación, desde siempre, entre la Comunidad y las entidades locales. Y, además, habéis simplificado mucho los procedimientos que es algo admirable”, añadió. No en vano, cargó contra el “sobre papeleo” con personas vulnerables como ocurre cuando una persona cae en la situación de dependencia y el familiar se ve obligado a solicitar la ayuda.
En cuanto a atención residencial, Castilla y León es la primera comunidad, con una cobertura del 11,8 por ciento, en plazas residenciales con financiación pública para mayores de 75 años, frente al 5,8 por ciento estatal. Un primer puesto que se repite en servicios residenciales para personas con discapacidad: cuenta con una cobertura del 4,5 frente al 1,7 por ciento del conjunto del país. Esto significa que, en este territorio, un castellano y leonés perteneciente a este colectivo tiene 2,6 veces más de posibilidades de obtener una plaza en un centro residencial que a nivel nacional. Y ese liderazgo vuelve a repetirse en centros de día y ocupacionales especializados en discapacidad: 6,47 plazas por cada 100 de estas personas, más del doble que la media estatal, que es de 3,13.
En el ámbito de la violencia de género, el sistema social de Castilla y León suma 21,1 plazas por cada 100 mujeres protegidas, frente a las 18,3 globales. En lo que respecta a menores integrados en el sistema de protección de la Comunidad, el 50,2 por ciento del total de los acogimientos se producen en un entorno familiar -la media estatal es del 47,8 por ciento-. Y, en relación con los alojamientos para personas sin hogar, hay 82,7 plazas por cada 100.000 habitantes, 21 más que a nivel nacional.
Menor cobertura
En cuanto a los servicios con menor cobertura en Castilla y León , aparecen la ayuda a domicilio, con una cobertura de 8,8 por ciento respecto a personas mayores de 75 años, frente al 11,5 por ciento de media en España. La intensidad de este servicio es la misma en Castilla y León, con 21 horas de media mensual, que la media estatal (21,1 horas).
Los centros de día, con una cobertura de 1,7 por ciento sobre personas mayores de 75 años, frente a 2,2 por ciento de media estatal.
El servicio de teleasistencia, con una cobertura de 14,5 por ciento para personas mayores de 75 años, frente a 22,5 por ciento de la media del conjunto de España.
Por últimas, las rentas mínimas de inserción, que en Castilla y León las perciben sólo el 1,8 por ciento de las personas bajo el umbral de la pobreza, mientras que en la media estatal este porcentaje es de 6,3 por ciento.
El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, alertó que 20 millones de personas (42 por ciento de la población española) viven en comunidades con servicios sociales “débiles” o “irrelevantes”. En este sentido, manifestó que los resultados del Índice DEC en 2024 siguen manifestando el “escaso” desarrollo y evolución de los servicios sociales domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia) o complementarios del domicilio (centros de día), lo que requiere un “importante” compromiso económico para avanzar en los objetivos de desinstitucionalización.
No en vano, el informe señala que la cobertura del servicio de ayuda a domicilio apenas ha variado un punto desde el año 2010, del 4,7 al 5,7 por ciento de personas mayores de 65 años. Su intensidad es también muy baja, con una media de 21,1 horas mensuales, sólo 4,2 más que en 2010. En cuanto a la ayuda a domicilio como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia, su intensidad media es de 35,65 horas al mes (17,4 horas para los dependientes Grado I, 39,8 para los Grado II y 60,2 para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos), lo que es “claramente insuficiente” ya que, según considera la propia ley, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria.
El documento subraya la cobertura de prestaciones y servicios “muy desigual” en los diferentes territorios, con algunos ejemplos. El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494); el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las rentas mínimas de inserción en el País Vasco (58,1 por ciento) no es comparable al de Castilla-La Mancha (0,35 por ciento); el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León (11,8 por ciento) que en Murcia (3,8 por ciento); Andalucía, con 21,2 servicios de ayuda a domicilio por cada 100 personas mayores de 75 años, ofrece una cobertura 24 veces mayor que Extremadura (0,9 por ciento) y la cobertura del servicio de teleasistencia es del 34,5 por ciento sobre personas mayores de 75 años en Andalucía, es 6,6 veces más que en Canarias (5,2 por ciento).
