ICAL
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, defendió hoy la propuesta de modelo de financiación autonómica presentada esta mañana por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que según explicó conlleva para la autonomía “más recursos, reconocimiento de las singularidades del territorio y más igualdad”. Así, destacó que el nuevo reparto conllevaría 271 millones más al año para Castilla y León, lo que significaría 1.355 millones de 2027 a 2031, y esgrimió que la autonomía “no está en posición de desventaja estructural” respecto al resto “cuando se compara correctamente, ajustando por necesidades de gastos”.
En ese sentido, expuso que la Comunidad se sitúa “por encima de la media por habitante ajustado” y reclamó que el debate sobre el nuevo modelo “debe hacerse con cifras y metodología, no con titulares alarmistas”. Además, en declaraciones recogidas por Ical señaló que “una reforma de este calado debe debatirse y acordarse en los cauces institucionales y parlamentarios adecuados”, y pidió no anticipar acontecimientos: “Si en el resultado final no se protegiera la igualdad de Castilla y León seríamos los primeros en señalarlo, pero no hay que rechazar antes de tiempo”, exhortó.
Además, rehusó valorar si le parece justo que la autonomía acapare el 1,3 por ciento del incremento presupuestario global previsto para todo el país, frente al 23,1 por ciento de Andalucía, el 22,3 por ciento de Cataluña o el 5,9 por ciento de Castilla-La Mancha.
“No se trata de considerar el reparto considerarlo justo o injusto, sino de considerar la realidad, que es que Castilla y León contaría con 271 millones más al año, 1.355 millones para los próximos 5 años desde 2027, que redundarían en la mejora de los servicios públicos”.
Para Sen, “la mejor defensa de Castilla y León es participar con propuestas en espacios como el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, el foro que él considera adecuado para “pedir más recursos”, si bien consideró “difícil explicar que por un lado se reclamen más fondos y a la vez se rechacen los espacios de negociación”. “Castilla y León tiene argumentos sólidos, como el reconocimiento del coste de igualdad real, y eso es lo que hay que llevar a la mesa de negociación: propuestas y voluntad de acuerdo”, sentenció.