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La Junta de Castilla y León aprobó hoy en el Consejo de Gobierno el decreto por el que se regula la planificación y ordenación forestal, que había prometido la semana pasada el presidente Alfonso Fernández Mañueco en su comparecencia en las Cortes tras los incendios registrados este verano. Este nuevo instrumento, sobre el que se trabajaba desde hace tiempo, busca agilizar los trámites administrativos de las futuras planificaciones forestales y permitirá la implantación de tecnologías en los inventarios forestales.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presentó esta nueva norma, que no conlleva asociado un gasto público adicional, y justificó hacerlo en nombre del titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que participó en la reunión de este jueves y que según dijo tendrá una presencia “importante” en la próxima sesión de control del pleno de las Cortes.
Asimismo, Fernández Carriedo señaló que la Junta tiene una “muy alta” responsabilidad por ser la Comunidad con mayor superficie forestal del conjunto de España y añadió que se ha producido un crecimiento de 500.000 hectáreas desde que se creó la autonomía, lo que supone más que la extensión de Baleares o las provincias vascas. De hecho indicó que se han ganado 13.000 hectáreas forestales cada año, con 21 millones de árboles nuevos, lo que representa nueve por habitante y año.
En concreto, el decreto establece el marco regulador de la planificación y ordenación forestal de los montes de Castilla y León, tanto arbolados como desarbolados, aplicable a todos los terrenos que tengan la consideración legal de monte, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Montes, así como aprobar las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes.
Al respecto, la Junta precisó que los terrenos que tienen consideración legal de monte son aquellos en los que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no esté dedicado al cultivo agrícola.
Igualmente lo serán los terrenos yermos, roquedos y arenales, las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican, los terrenos cuyo cultivo agrícola hubiera sido abandonado por plazo superior a veinte años y que hubieran adquirido signos inequívocos de su estado forestal, salvo cuando se hallen acogidos a programas públicos de abandono temporal de la producción agraria.
La aprobación de este proyecto de decreto supondrá una agilización de los trámites administrativos de las futuras planificaciones forestales, facilitando medios electrónicos para quienes deseen o tengan la obligación de relacionarse electrónicamente con la administración, mejorando la seguridad jurídica del administrado en cuanto al conocimiento de los plazos de tramitación necesarios en los procedimientos y sus efectos. Permitirá, además, la implantación de tecnologías en los inventarios forestales.
Finalmente, el portavoz de la Junta aseguró que el avance e impulso en las tareas de ordenación de los montes de Castilla y León se hace “más necesario” que nunca para planificar la restauración en aquellos terrenos afectados por incendios y la mejora del resto, a la vez que se analiza en dichos procesos de planificación los mecanismos de prevención de los daños (bióticos y abióticos) que amenazan a los bosques.