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La Junta de Castilla y León calcula que dejará de recibir de momento 160 millones de euros tras no actualizarse las entregas a cuenta para 2026 y mantenerse la cifra prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 una vez que el denominado ‘decreto ómnibus’ fue derogado este martes en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox, Juntos por Cataluña y UPN.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el Real Decreto, que incluía también la subida de las pensiones, medidas sobre el transporte público y la paralización de los desahucios, entre otras cuestiones, supondrá que la Comunidad se quedará sin unos 160 millones al mes, puesto que no se aplicará las cantidades comunicadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) del pasado mes de diciembre.
En ese sentido, explicó que la Junta tiene que afrontar los gastos y “retos” de 2026 con unos recursos fdel modelo de financiación autonómica fijados para 2023. Esto, recordó Fernández Carriedo, ya sucedió hace un año cuando decayó otro ‘decreto ómnibus’ del Gobierno, lo que se tradujo en unos 100 millones de euros mensuales menos para las arcas de la Comunidad, y en 2024, tras no haber nuevos presupuestos, unos 50 millones menos cada mes.
Asimismo, el consejero portavoz garantizó la “adecuada” prestación de los servicios de sanidad, educación y servicios sociales a la población, pero insistió en que la Junta, como una “familia”, un ciudadano o una empresa, lo tiene que hacer asumiendo uno coste del año 2026, con unos recursos estimados hace tres años.
Al respecto, Fernández Carriedo apuntó que la Junta por su “situación” puede hacer frente a estos gastos en una “mejor” posición que otras comunidades. No obstante, indicó que esto afecta a todas las comunidades y señaló que el Gobierno debería haber presentado el pasado año una solución “con carácter más rápido”, porque hasta el pasado mes de septiembre no pudieron disponer de esos recursos adicionales, unos 1.500 millones de euros (todo el año). “Esperemos que se pueda resolver lo antes posible”, dijo.
Finalmente, el portavoz de la Junta aclaró que sus palabras respondían a una información solicitada por parte de los periodistas que habían acudido a su intervención, por lo que pidió que no se tomara como una “crítica política”, sino como un “comentario” solicitado.