ICAL
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió hoy que la extensión del impuesto sobre la afección medioambiental, único impuesto autonómico de carácter propio, a la instalación de plantas fotovoltaicas no tiene un afán recaudatorio sino que busca “la mayor reversión para el territorio donde se produce la energía”.
En declaraciones recogidas por Ical durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado hoy, Carriedo aseguró que la Junta no espera una detracción de las inversiones en plantas fotovoltáicas en la Comunidad con este impuesto, sino que sirva para que esas inversiones “se comprometan con el territorio y beneficien al conjunto de Castilla y León”.
No obstante, la Comunidad “ocupa un lugar relevante en la generación eléctrica renovable” en el conjunto del país y, con la nueva medida, incluida en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027 que acompaña al Presupuesto, se busca “garantizar que nuestra tierra tenga, por parte de estas actividades, beneficio, reversión y compromiso con el territorio”.
Además, Carriedo recordó que el impuesto no se aplica sobre las plantas fotovoltaicas instaladas en tejados, las que se dedican al autoconsumo energético residencial e industrial y las que se ubican en parcelas de menos de 50.000 metros cuadrados. A partir de ahí, “es progresivo” y el máximo se establece a partir de las instalaciones que ocupen las 500 hectáreas.
De la misma forma, el portavoz de la Junta señaló que existe una bonificación del 30 por ciento cuando exista un acuerdo entre la entidad titular y los organismos e instituciones locales del territorio para acometer actividades en él, que busca configurarse como “un estímulo para las actividades en el territorio” y que, de la generación eléctrica, “se beneficie el territorio en el que se produce”.
En todo caso, Carriedo no pudo cuantificar la recaudación que espera la Junta de este impuesto por las “bastantes exenciones que se pueden aplicar” y, además, la nueva figura impositiva “no tiene un objetivo recaudatorio, sino con el territorio. Queremos que las fuentes de generación eléctrica repercutan en el territorio donde se produce”, concluyó.