ICAL
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, avanzó hoy que la Junta introducirá “cambios” para garantizar que los programas que desarrollan en colaboración con el tercer sector vayan dirigidos a personas vulnerables “en situación regular en España”. “Consideramos que debe hacerse una gestión responsable de los fondos”, dijo.
En su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamento, Carlos Pollán sostuvo que atender a las personas en situación de exclusión social es no solo una “responsabilidad” para la Junta, sino también “una obligación moral”, informa Ical.
Al respecto, el vicepresidente primer precisó que los programas que desarrollan en colaboración con el tercer sector se incrementan pasando de los 8,6 millones hasta los 13,6 para impulsar programas que atiendan las necesidades básicas de las personas más vulnerables. No obstante, avanzó “cambios” para garantizar que los programas que financian vayan dirigidos a personas vulnerables “en situación regular en España”.
Asimismo, Pollán anunció que la Junta trabaja ya en un decreto sobre informes de vulnerabilidad para “proteger a quienes realmente necesitan el apoyo de los poderes públicos” y que “nadie quede atrás”. Con ello, el Ejecutivo pretende que existan “criterios objetivos y homogéneos” y que una misma situación sea valorada de la misma manera con independencia del municipio o de la provincia en la que resida una persona.
Asimismo, el vicepresidente consideró que el nuevo decreto, que elabora en colaboración con otras consejerías. será una medida “importante” tanto para las familias como para los profesionales de los servicios sociales, porque aportará mayor seguridad jurídica y establecerá criterios comunes para el conjunto de Castilla y León. “Nuestro objetivo es disponer, para esos supuestos, de un modelo homogéneo de informe de vulnerabilidad para toda la Comunidad, basado en unos mismos criterios de acreditación”, dijo.
En ese sentido, Carlos Pollán consideró que no es “razonable” que situaciones similares puedan recibir valoraciones diferentes. Esto se produce, según explicó, porque existen normas que recogen la obligación de que las entidades locales emitan informes de vulnerabilidad, sin que se hayan regulado unos requisitos para que esa valoración ofrezca seguridad jurídica. “Queremos evitar esa disparidad de criterios y avanzar hacia una protección social más homogénea, más objetiva y con mayor seguridad jurídica”, añadió.
Inserción laboral
Por otra parte, el vicepresidente primero garantizó que todo aquel que cumpla los requisitos continuará percibiendo la Renta Garantizada de Ciudadanía, aunque señaló el presupuesto se ha reducido debido a la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, avanzó que durante el próximo año trabajarán en la modificación de la normativa para profundizar en medidas que incentiven el empleo de los perceptores, ya que en ocasiones los primeros trabajos no son a jornada completa, por lo que quieren que aceptar una oferta, aunque sea a tiempo parcial, “siempre compense”.
En todo caso, reconoció que no todos los perceptores de la Renta Garantizada pueden trabajar, porque una de ellos tienen problemas de salud o alguna discapacidad, por lo que apostó por facilitar su inserción laboral. Por ello, seguirán defendiendo ante el Gobierno central que el Ingreso Mínimo Vital avance también hacia un modelo que vincule la prestación económica con los procesos de integración.
