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La Junta de Castilla y León reclama al Gobierno la cantidad de 225,4 millones de euros, más los intereses legales correspondientes, sobre el cálculo de la liquidación del Sistema de Financiación autonómica de 2024, tras las rebajas de impuestos y otras decisiones adoptadas entonces por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo hace a través de un requerimiento previo, sin perjuicio de que pueda emprender más adelante otras acciones judiciales si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.
Este jueves, el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Economía y Hacienda a formalizar un requerimiento previo, en cumplimiento del principio de “lealtad institucional”, según explicó en su comparecencia el portavoz de la Junta y titular de este departamento, Carlos Fernández Carriedo.