ICAL
Las Cortes de Castilla y León rechazaron hoy una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Vox, que pedía reducir impuestos para la compra de vivienda, tanto al Gobierno central como a la Junta, algo que toda la oposición votó en contra dada la relevancia de los tributos en el modelo social de la Comunidad y los argumentos aportados por el procurador de la formación, Miguel Suárez Arca, quien acusó a la inmigración “masiva de inundar los municipios, haciéndolos inhabitables o inaccesibles”, lo que fue calificado de “supremacista” y “racista”. También consideraron que esta iniciativa provocaría una nueva burbuja inmobiliaria. Igualmente, el PP defendió que en Castilla y León “ya se hace la mejor política de vivienda de España”. La medida se echó abajo con el voto en contra de todos los grupos, excepto Vox, y la abstención del PP y Francisco Igea.
Así, Suárez Arca expuso que esta crisis de la vivienda “es como el canario de las minas, porque saca a flote los problemas de las políticas que España sufre desde hace 40 años, con medidas ecologistas y medidas que han asfixiado al campo, que pierde su prosperidad y sus descendientes van a las ciudades y tensionan la vivienda, igual que en las comarcas mineras”. A ello añadió la “inmigración descontrolada y el turismo de masas”.
A su juicio, la vivienda es la “mayor carga de profundidad del Estado de Bienestar y el engorde mórbido del estado asistencial”, con lo que consideró que “se produce por la ruptura del contrato asistencial del Estado con sus ciudadanos, por el que los hijos deben vivir mejor que los padres”. “Seguramente haga saltar por los aires el modelo que ustedes han construido”, dijo, mientras apuntaba a las bancadas del PP y PSOE. Una afirmación que no gustó al procurador Francisco Igea, del Grupo Mixto, quien señaló que “el contrato de vivir mejor que los padres no se cumple siempre, como sucedió en los años 30 y 40 en Europa”. “Hay veces que cuando alguien propone”, dijo, “la cosa acabó como acabó”, en relación a la II Guerra Mundial. “No voy a apoyar esta medida demagógica”, avanzó Igea, a quien Suárez Arca volvió a responder que la comparativa no era la más acertada.
En 2011, prosiguió el procurador de Vox, el 70 por ciento de los menores de 35 años eran dueños de sus casas y hoy solo el 31. “Hoy en día para una hipoteca de 200.000 euros una familia debe desembolsar 40.000 de entrada y 16.000 de impuestos; en total, unos 60.000 euros que se come el ahorro. Han expulsado del mercado a gente que puede pagar una hipoteca pero no tienen la capacidad de ahorrar tanto”, afeó. Por último, acusó a PP y PSOE de “convertir” al mercado de la vivienda “en un atractivo de narices para quienes quieren hacer negocio con este mercado”.
Igualmente, Suárez Arca agradeció al PSOE “la publicidad” durante la defensa de su rechazo: “Son unos hachas del márketing”, trasladó a la procuradora Laura Pelegrina, quien enumeró algunas de las características que Vox argumenta para presentar esta medida, basadas “en que en España, primero los españoles, poner controles de fronteras y acusar del problema de la vivienda a los inmigrantes”, algo que la dirigente socialista calificó de “supremacista”, ya que la nacionalidad “no debe ser causa de adquisición de vivienda” y añadió que “señalar a la inmigración es anticonstitucional y solo busca estigmatizarlos”.
A su juicio, eliminar todos estos impuestos que propone Vox “va en contra de proteger el derecho a la vivienda y provocaría una nueva burbuja inmobiliaria”. “Quieren convertir la vivienda en una especulación”, sostuvo Pelegrina, quien acusó a la Junta de no aplicar la ley de vivienda estatal.
Por su parte, Francisco Igea consideró que una bajada de impuestos “no es la receta adecuada” y acusó a Vox de “lanzar un mensaje a los jóvenes fantástico”, ironizó, “que la culpa es de los mayores, que ellos tienen casa y vosotros no por su culpa”. Mientras, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, manifestó que Suárez Arca vertió “bulos y mentiras” y rechazó que el “problema sea la okupación o inquiocupación, sino que es la imposibilidad absoluta para acceder a una vivienda”.
“Ustedes quieren arreglar este problema dando incentivos a los ricos, suprimiendo impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones. Son las mismas que el PP y la conclusión será la misma: incrementar la burbuja y disparar los precios”, comentó. Por último, explicó que “no se venden los pisos porque hay que bajar el precio” y rechazó la especulación “para para hacer negocio” e intervenir el mercado.
“Doble visión”
Igualmente, la leonesista Alicia Gallego mostró su “preocupación” por el problema de la vivienda y mostró su “sorpresa” por la “doble visión” de Vox “según donde estén”. En este sentido, recordó que cuando formaban parte del Gobierno autonómico eran “favorables a subir impuestos y aprobaron unos presupuestos en los que los subían el doble, y ahora hablan de política fiscal restrictiva”. “Les invito a tener una línea fiscal continuista”, apuntó.
También rechazó que la “culpa de todo” la tenga la inmigración y se refirió a las “políticas nefastas que impiden a los jóvenes tener un proyecto de vida, donde la media para alquiler es de 700 euros con un sueldo de 1.000 y la compra es casi inviable”. “Reducir impuestos sin argumento y justificación, dando a entender que todo es culpa de una política extremista que ustedes defienden”, les acusó.
Por último, el procurador del PP, David Beltrán, defendió que la política de vivienda en Castilla y León “funciona guiada por el rigor de trabajo, propiedad y libertad de la Junta”; y llamó la atención a Vox a “instalarse en lo fácil porque no están en el Gobierno y es fácil predicar”.
Beltrán tachó de “ilegales” algunas de las medidas que solicita Vox, como bonificar el cien por cien del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compra de vivienda habitual; y recordó que Castilla y León es la Comunidad “con los impuestos más bajos y eso favorece a todos”, con 16 bonificaciones fiscales en materia de vivienda. Al respecto, y para concluir, Miguel Suárez Arca le respondió en su turno final que el PP ha votado en contra en debates anteriores a medidas que “defendían en otros similares”.
El Ministerio ha fijado en su propuesta unas cuantías de incremento en las cotizaciones para las anualidades 2026, 2027 y 2028, de forma que en este último año las subidas que experimentarán los autónomos, con respecto a la situación actual, oscilarán entre 625 euros anuales adicionales para los tramos más bajos, hasta los casi 7.500 euros más para los tramos más altos, es decir, los autónomos con mayores ingresos.