La convocatoria bienal de los Planes Provinciales de Cooperación de la Diputación de Valladolid, para los años 2020 y 2021, superará los 30 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 18,1 por ciento con respecto a la anterior. Los próximos Planes Provinciales contemplan dos actuaciones subvencionables nuevas como la mejora de la seguridad ciudadana en los pueblos, con la iluminación de las llamadas ‘zonas oscuras o de miedo’ en los espacios públicos, y la supresión de las escombreras y la recuperación del espacio. En ambos casos, la institución provincial aportará entre el 95 y el 90 por ciento del total de la inversión.
El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, aprovechó hoy la presentación de los Planes Provinciales para destacar que son la “principal herramienta inversora” de los municipios y, por tanto, claves para el desarrollo de los pueblos y la generación de oportunidades así como la igualdad real y del bienestar de las personas. “Se trata de la única inversión que tienen los ayuntamientos más pequeños para mantener los servicios existentes u ofrecer nuevos”, precisó.
Íscar lamentó que todo el esfuerzo inversor corra a cargo de la institución provincial, con la única colaboración de los propios ayuntamientos. De ahí que reclamara al Gobierno de España y la Junta de Castilla y León que vuelvan a financiar los Planes Provinciales, tras ocho años sin participar. Recordó que el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, comentó en la última reunión con las diputaciones provinciales y los municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad que la falta de Presupuestos Generales impedía financiar estos planes.
A continuación, el presidente de la Diputación de Valladolid subrayó, según recogió Ical, que estas inversiones, que facilitan la prestación de servicios públicos “suficientes y de calidad”, son la “mejor manera” de luchar contra la despoblación. Consciente de ello, valoró el “importante” esfuerzo económico de la institución provincial. “Limitar la capacidad de modernización y la prestación de servicios de los pueblos es condenarlos a una agonía funcional”, sentenció.
Otra de las novedades de la próxima convocatoria bienal, que previsiblemente será aprobada en el Pleno del 29 de noviembre, es que los consistorios, de manera excepcional y solo para grandes inversiones, podrán reservar la cuantía correspondiente al módulo de los Planes Provinciales 2020-2021 hasta la aprobación de los siguientes de 2022-2023. Es decir, esos ayuntamientos agruparán todo el dinero para acometer ‘proyectos de mandato, siempre y cuando justifiquen su trascendencia.
Del total de 30 millones de euros, 20 millones estarán reservados a inversiones (diez millones cada año) mientras que dos millones serán para el Plan de Mantenimiento de Servicios de cada ejercicio y 2,1 millones para el Plan de Libertad de Gastos. A ese dinero, habrá que sumar dos millones (en dos anualidades) como cantidad complementaria destinada a las localidades de menos de 500 habitantes que soliciten obras de vertido y depuración de aguas residuales. Asimismo, se destinarán 200.000 euros a una cantidad complementaria reservada para inversión en los núcleos separados y otros 132.000 euros, también como cantidad complementaria reservada a las entidades locales menores.
Además, la convocatoria incrementa las cantidades destinadas a los módulos de inversión que reciben tanto los municipios como las entidades locales menores y los núcleos separados de población. Todos los municipios tienen un fijo de 28.175 euros (17,4 por ciento más), a los que hay que sumar 74 euros por habitante. Las entidades locales menores recibirán un total de 21.000 euros (+16,6 por ciento) y los núcleos separados la cantidad de 12.000 euros (+20 por ciento).
Por otro lado, las entidades locales menores y los núcleos separados contarán con cantidades complementarias. En el caso de las entidades locales menores, un fijo de 6.000 euros al que se suman 74 euros por habitante, y en el caso de los núcleos separados, un fijo de 7.000 euros y 74 euros más por habitante.
Acompañado de la diputada de área de Asistencia y Cooperación a Municipios, Myriam Martín, el presidente de la Diputación de Valladolid añadió que se mantiene la posibilidad de que los ayuntamientos destinen una parte del módulo de inversión al suministro de equipamiento en edificios o instalaciones municipales, con la limitación de que esta cantidad no podrá ser superior a la que les corresponda para gastos de mantenimiento, si bien y de manera excepcional, dicha cantidad podrá incrementarse en un 50 por ciento, previa justificación.
La aportación municipal será del cinco por ciento para las obras dedicadas al Ciclo Integral del Agua; el alumbrado de ‘zonas oscuras o del miedo’ en espacios públicos; las actuaciones de implantación y mejora de ‘Smart Rural’ aplicado a los servicios públicos municipales; la eliminación del amianto en edificios e instalaciones municipales; las obras de mejora de la eficiencia y ahorro energético; las obras de rehabilitación y mejora en consultorios médicos; las actuaciones de implantación y mejora de espacios wifi; el suministro de equipamiento para procesos de información; la instalación y/o modificación de calefacción/climatización y agua caliente sanitaria en edificios municipales destinados al servicio público; la renovación del alumbrado público, en orden a la consecución de la eficiencia y ahorro energético; las actuaciones necesarias para dotar a los edificios públicos municipales de medidas de seguridad, evacuación y prevención de robos; la implantación de rutas escolares seguras; y las obras que tengan carácter supramunicipal.
Aumentará hasta el 10 por ciento en las obras de urbanización de calles y plazas públicas; las actuaciones de eliminación de escombreras y recuperación del espacio; actuaciones de pavimentación y acerado; renovación de cementerios; nuevos consultorios médicos; parques públicos; rehabilitación y mejora en edificios municipales administrativos, de uso cultural, de educación, convivencia y pabellones deportivos, obras en bienes declarados de interés cultural; y suministro de equipamiento en edificios, instalaciones y servicios municipales. Por último, la aportación será del 15 por ciento en los casos de obra nueva en edificios municipales administrativos, de uso cultural, de educación, y convivencia; en nuevas instalaciones deportivas; y en otras obras.