ICAL
El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, junto a sus homólogos de Aragón y Extremadura, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, no asistirán hoy a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia para mostrar su rechazo a la «nueva imposición” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados (menas), según informan a Ical fuentes de este departamento.
En ese sentido, los tres vicepresidentes critican que el Ejecutivo central vuelve a actuar de manera “unilateral, imponiendo unos criterios de distribución que consideran ”arbitrarios, opacos y completamente alejados» de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas.
Entre los asuntos incluidos en el orden del día figura la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026. Según los consejeros de Vox, esta nueva asignación de fondos no es más que “un nuevo intento de financiar la estafa” del Gobierno en materia migratoria, una política que, insistieron, no hace otra cosa que fomentar el “efecto llamada” y seguir perjudicando a un sistema que ya se encuentra al límite de su capacidad.
También, rechazaron la forma de actuar del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Real Decreto con el que el Ejecutivo pretende actualizar el reparto obligatorio de menores entre las comunidades autónomas, al considerar que responde exclusivamente a “criterios políticos” y no a la “capacidad real” de acogida de cada territorio.
Por ello, advirtieron de que los sistemas de protección de Castilla y León, Aragón y Extremadura se encuentran ya “al límite de su capacidad” y denunciaron que cualquier incremento impuesto por el Gobierno constituye una “nueva maniobra política” de Pedro Sánchez, “ajena por completo” a la realidad que viven las comunidades .
Además anunciaron que pondrán en marcha todos los medios “jurídicos, administrativos e institucionales” a su alcance para ejercer una oposición “frontal” a esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez para defender las competencias de las comunidades y exigir una política migratoria basada en el control de las fronteras y en el cumplimiento de los acuerdos de gobierno.
Finalmente, reiteraron, además, que no participarán en órganos cuyo único objetivo sea legitimar decisiones previamente adoptadas por el Gobierno de España que, a su juicio, únicamente contribuyen a fomentar el “efecto llamada”, el “tráfico de personas” y la “saturación” de los servicios de protección en todo el territorio nacional.
