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El secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, solicitó a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de una Ley de Despoblación. “No podemos estar haciendo jornadas de despoblación sin generar una Ley de despoblación”, sentenció. Lo mismo ocurre, aseguró, con la ordenación del territorio, ya que “si no reconocemos nuestros desequilibrios estructurales, es muy difícil de resolver”.
En un encuentro con afiliados del PSOE de Segovia, Martínez propuso también la aplicación de líneas de apoyo económico a las provincias de la Comunidad frente a sus necesidades que, tal y como explicó, se plantearían en función de los parámetros de cobertura de derecho de la ciudadanía, del desarrollo y de la cohesión, para llegar a una situación “en la que nos podamos comparar con el resto de comunidades”, apuntó Martínez.
“Esto llevan demandándolo las ciudades desde hace mucho tiempo, para lo que hace falta una agenda urbana territorial, que diagnostique las necesidades de cada una de las provincias”, insistió el secretario general electo del PSOECyL, a la vez que señaló que Castilla y León tiene una situación de desequilibrio “que hay que asumir para poder trabajar”.
Transición ecológica
Por otra parte, Martínez asumió que en las oportunidades que tiene Castilla y León para la transición ecológica y la industria se necesita “un retorno y que se convierta en una oportunidad para ser atractivos” con el objetivo de fijar empresas, además de ser compatible con la protección del patrimonio natural. Para ello, hizo hincapié en la necesidad de poner encima de la mesa una normativa. “No estamos en contra de una transformación tecnológica, pero se necesita una regulación normativa y el retorno de beneficios al territorio”, apuntó.
“No podemos estar abordando una situación en un contexto internacional complejo desde el punto de vista de que la extrema derecha venga a resolverlo”, esgrimió, a continuación, Martínez, para quien “no puede ser que los que nos quieran dar soluciones signifiquen más aranceles para nuestra industria”. “Tendrán que explicar a los agricultores y ganaderos cuál es su posición de defensa de la tierra cuando pretenden cargarla con mayores aranceles”, que Martínez cifró en 600 millones de euros en la Comunidad.
