ICAL
Castilla y León necesita alrededor de 1.000 nuevas torres de telecomunicaciones para garantizar la cobertura en las zonas que actualmente presentan mayores carencias, según señaló la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, durante la primera reunión de la Mesa de Telecomunicaciones de esta legislatura. Sin embargo, la Comunidad recibirá 267.000 euros del programa estatal destinado al despliegue del 5G en zonas rurales, una cantidad que, según la consejera, “no da ni para dos torres”.
Sanchidrián situó la desigualdad territorial en el acceso a las telecomunicaciones como una de las principales prioridades de la mesa, un órgano creado en 20214 que reúne a empresas, asociaciones y representantes del sector. La consejera defendió que, aunque las competencias sobre el despliegue de las redes corresponden al Estado, la Junta debe “seguir trabajando por la conectividad” y poner sus propios medios para facilitar la llegada de las infraestructuras a los municipios y núcleos rurales. “Una cosa son los porcentajes que se dan a nivel de Estado y a nivel de Comunidad y otra cosa dentro de este núcleo”, incidió.
Según los datos ofrecidos por la Consejería, el 14 por ciento de los municipios de Castilla y León todavía no dispone de ninguna conectividad fija. En el caos de la cobertura móvil. la situación también presenta importantes diferencias territoriales. “Uno de cada cinco municipios todavía no tiene conexión 4G”, señaló Sanchidrián.
La consejera advirtió de que los datos pueden ocultar una realidad muy diferente en los pequeños municipio y núcleos de población. “Hay muchísimas desigualdades en todo el territorio de nuestra Comunidad”, afirmó, antes de insistir en que el objetivo debe ser garantizar que “todos los ciudadanos, vivan donde viva, tengan un acceso igualitario a los servicios públicos y privados”, como recoge Ical.
267.000 euros frentes a 150 millones
Uno de los principales motivos de reivindicación planteados por la Junta es el reparto de los fondos del nuevo programa estatal ‘5G redes muy rurales’, financiado con fondos europeos, cuenta con una dotación de 17,9 millones de euros, mientras que Castilla y León concentra, según los datos expuestos por la consejera, el 30 por ciento de las zonas elegibles. Pese a ello, la asignación prevista para la Comunidad asciende a 267.000 euros, un “1,4 por ciento del total de los fondos”.
“Necesitamos seguir reivindicando al Gobierno de España que esos fondos sean equitativos y realmente cumplan con el porcentaje de necesidad de nuestros núcleos rurales”, reclamó. La diferencia queda reflejada en las estimaciones realizadas por la Junta. “Hemos calculado unas 1.000 torres necesarias para dar cobertura a todas sus zonas que están sin cobertura”, explicó Sanchidrián. Con un coste aproximado de 150.000 euros por torre, el despliegue completo requeriría una inversión de alrededor de 150 millones de euros. “Necesitamos mil torres. Mil torres y tenemos 267.000 euros”, resumió la consejera. “Una torre son 150.000 euros. Pues no nos da ni para dos torres”. insistió.
También hay diferencias en las carreteras
La Junta ampliará su análisis de la conectividad a las carreteras de titularidad estatal, autonómica y provincial, con el objetivo de identificar las zonas con peor cobertura móvil. Los datos presentados por Sanchidrián también reflejan una diferencia según la titularidad de la vía. En cobertura 4G, las carreteras estatales alcanzan aproximadamente el 98 por ciento, mientras que el porcentaje se sitúa en torno al 87 por ciento en las carreteras autonómicas y baja hasta el 57 por ciento aproximadamente en las provinciales.
La brecha es todavía mayor en el 5G. “En las estatales es un 70 por ciento y ya disminuye mucho hasta un 18 por ciento en las autonómicas y un cinco por ciento en las provinciales”, expuso. “Como se puede ver, hay muchísima desigualdad en el tema del despliegue”, señaló la consejera, que situó esta identificaciones en uno de los temas que se aborda en la Meas de Telecomunicaciones.
Sanchidrián aseguró que “vamos a facilitar por parte de las competencias propias de nuestra Consejería el despliegue de esa banda ancha que necesitan los operadores”, explicó. La propuesta contempla la elaboración de un documento de colaboración para que las compañías puedan utilizar determinados espacios de titularidad autonómica para desplegar sus líneas.
En este sentido, para la consejera, la cuestión trasciende la propia infraestructura tecnológica. “La conectividad es un servicio, una infraestructura esencial, sobre todo para generar la cohesión del territorio, la competitividad”, afirmó. “Todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan un acceso igualitario a los servicios públicos y privados de nuestra Comunidad. Y eso es realmente lo importante y lo que nos trae hoy aquí”, aseguró.
