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El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, destacó hoy que el proyecto de presupuesto de la Junta recoge para su departamento un nuevo máximo histórico de 6.882 millones de euros, un 18 por ciento más que en el presupuesto anterior, considerando conjuntamente las competencias sanitarias que ya venía ejerciendo la Consejería de Sanidad y las nuevas responsabilidades asumidas en materia de servicios sociales.
El objetivo, según apuntó es impulsar un modelo sanitario y social más integrado, más humano, más preventivo y más cercano, capaz de ofrecer respuestas a la enfermedad, la dependencia, la discapacidad, el envejecimiento o las situaciones de vulnerabilidad, “situando siempre a la persona en el centro de la acción pública”.
En su intervención ante la Comisión de Hacienda de las Cortes para presentar las cuentas referentes a su departamento, insistió en que la sanidad y los servicios sociales constituyen dos pilares esenciales de la acción política de la Junta, por lo que ambas áreas cuentan con el 64,4 por ciento del total del presupuesto. Cerca de 5.604 millones se destinan a sanidad y más de 1.277 millones a las competencias en materia de dependencia, atención a las personas mayores y atención a las personas con discapacidad.
Además, destacó que la integración de las competencias sanitarias y sociales en una misma Consejería es una oportunidad para avanzar hacia una mayor coordinación entre ambos sistemas. “Nuestra realidad demográfica y social así lo exige. El envejecimiento, la cronicidad, la dependencia, la discapacidad o la soledad no deseada generan necesidades que, en muchos casos, requieren simultáneamente respuestas sanitarias y sociales”, aseguró el consejero, que remarcó que el objetivo es reforzar la atención sociosanitaria, mejorar la continuidad asistencial y facilitar la coordinación entre los profesionales de lo servicios públicos de Salud y de Servicios Sociales.
El consejero, que inició su intervención asegurando que las cuentas reflejan “nuestro compromiso con la protección de las personas, el fortalecimiento de los servicios públicos y la respuesta a los principales retos sanitarios y sociales de Castilla y León”, remarcó que Castilla y León necesita respuestas “desde su propia realidad”, capaces de adaptarse a la diversidad de las nueve provincias, pero guiadas siempre por el principio irrenunciable de que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención sanitaria y social de calidad, con independencia del lugar en el que vivan.
También remarcó que se trata de unos presupuestos orientados a consolidar los avances logrados, impulsar nuevas mejoras y anticipar los desafíos que afronta la Comunidad, reforzando los dos grandes pilares del Estado del bienestar: la sanidad y los servicios sociales.
Además, argumentó que el envejecimiento, la dispersión de la población, la extensión territorial y el coste efectivo de prestación de los servicios son elementos que determinar los recursos que necesita la Comunidad y deben ser tenidos en cuenta. Para Vázquez, defender una financiación acorde con las necesidades reales de Castilla y León no es solo defender una cuestión presupuestaria. “Es defender nuestra sanidad y nuestros servicios sociales. Es defender la igualdad de oportunidades entre quienes viven en el medio rural y en el urbano, entre quienes residen cerca o lejos de los grandes núcleos de población. Y es, en definitiva, defender la cohesión social y territorial de Castilla y León”.
Vázquez explicó que la sanidad contará en 2027 con la mayor dotación presupuestaria de su historia: cerca de 5.604 millones de euros, sumando las partidas correspondientes a la Consejería y a la Gerencia Regional de Salud, lo que supone un incremento del 14,9 porciento respecto a los presupuestos de 2024. Así, el gasto sanitario representa prácticamente el 41 por ciento del gasto no financiero de las consejerías y se mantiene una inversión sanitaria superior al 7 por ciento del PIB autonómico, “lo que evidencia el importante esfuerzo que realiza Castilla y León para sostener su sistema sanitario”.
Por áreas, el consejero destacó el refuerzo de la Atención Primaria con más de 907 millones de euros, cantidad que supone un incremento del 13,4 porciento respecto a 2024.
En cuanto a las competencias de servicios sociales asumidas por la nueva consejería, contarán en 2027 con 1.277 millones de euros destinados fundamentalmente a dependencia, atención a las personas mayores y atención a las personas con discapacidad. En este sentido, indicó que a 30 de septiembre, son 129.768 las personas con grado reconocido de Dependencia, de las que el 99,9 por ciento tienen prestación reconocida, 6 puntos por encima de la media nacional.
Infrafinanciación
El consejero también aprovechó su comparecencia para denunciar la infrafinanciación que sufre la Comunidad por parte del Gobierno y apuntó que solo el 3,4 por ciento de los ingresos previstos, 184,3 millones de euros, corresponden a transferencias específicas del Estado, una cantidad menor que la recibida en 2024 y “claramente insuficiente para atender las necesidades de financiación derivadas de las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Sanidad, trasladando a las comunidades autónomas obligaciones cuya financiación no viene acompañada de los recursos necesarios para hacerlas efectivas”.
Además, aseguró que esta situación es fruto de un modelo de financiación autonómica que sigue sin reconocer “adecuadamente” las singularidades de Castilla y León ni el coste real de la prestación de los servicios públicos esenciales.
También se refirió a Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, apuntando que en este ámbito, la mitad de los recursos procederá de la aportación de la Junta y el otro 50 por ciento de las transferencias realizadas por el Estado, cumpliéndose por primera vez desde 2006 el compromiso estatal de financiar, al menos, la mitad de los créditos destinados a este sistema. Sin embargo, aseguró que “esta aportación estatal continúa siendo insuficiente para responder adecuadamente a la realidad de una Comunidad con las características demográficas, poblacionales y territoriales de Castilla y León, al no reflejar plenamente el coste que supone garantizar las prestaciones y servicios de atención a la dependencia.