ICAL
La Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León respondió hoy al anuncio de la rebaja del 50 por ciento de todas las subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una “utilidad pública efectiva”, que está recogido en el acuerdo de Gobierno de la Junta entre Partido Popular y Vox.
No en vano, el secretario general del sindicato, Óscar Lobo, aseguró que, de llevarse a cabo, acudirán a los tribunales, al igual que ocurrió en el pasado ya que recordó que los tribunales se pronunciaron en dos ocasiones, con sentencias a su favor y en contra del Ejecutivo autonómico, al reconocer que se había vulnerado un derecho que reconoce el Estatuto de Autonomías y una ley. “Si están dispuestos otra vez a que nos volvamos a ver en los tribunales, allí estaremos para que vuelvan a perder ese partido”, aseveró.
Tras la reunión del Consejo Autonómico de UGT para analizar el impacto del acuerdo del nuevo Gobierno de Castilla y León, Lobo se refirió al “lenguaje retorcido” que habla de utilidad pública. “¿Quién decide eso cuando la Constitución Española, en su artículo 7, reconoce a las organizaciones sindicales y empresariales, al igual que el Estatuto, el único del país en esta materia?”, se preguntó.
Además, precisó, según recogió la Agencia Ical, que la autoridad laboral reconoce, todos los años, sus resultados electorales para ser sindicatos representativos para defender los intereses económicos y sociales así como al conjunto de la ciudadanía a través del Diálogo Social y en “cantidad” de órganos de participación institucional.
El líder sindical añadió que el punto del acuerdo político también se “vulnera y viola” convenios internacionales y “atenta” contra la libertad sindical.
