Las empresas, obligadas a controlar el horario de sus trabajadores y guardar los datos durante 4 años

Las empresas, obligadas a controlar el horario de sus trabajadores y guardar los datos durante 4 años

Gobierno renuncia a la contrarreforma laboral pero impulsa el control horario

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El Consejo de Ministros ha aprobado el registro horario de la jornada laboral, que tardará en entrar en vigor dos meses desde la publicación del real decreto impulsado hoy, que en principio está prevista para el próximo martes.

Así, “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora”, sin perjuicio de la flexibilidad horaria establecida en el Estatuto de los Trabajadores.

La empresa deberá conservar los registros durante cuatro años para que estén a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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Subsidio de desempleo para mayores de 52 años

Además, se ha aprobado recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, ahora limitado a mayores de 55, lo que elevará en 114.000 las personas que lo perciban, desde los 266.000 receptores actuales, según cifras de Valerio.

Se ha establecido que todos ellos cotizarán por el 125 % de la base mínima de cotización, al tiempo que otras 12.000 personas que ahora sólo lo cobraban de forma parcial pasen a recibirlo enteramente, como si hubieran trabajado a tiempo completo.

Igualmente, se aumenta el tiempo de cotización máxima, si es que no encuentran empleo -que es el primer objetivo-, hasta que llegue la edad legal de jubilación, así que los desempleados afectados “no tendrán que elegir entre quedarse sin subsidio o tener que jubilarse anticipadamente con el correspondiente coeficiente reductor”, ha explicado Valerio, que ha cifrado en 348,7 millones el coste de estas medidas.

Además, el Consejo de Ministros ha acordado bonificaciones a la contratación de parados de larga duración (cerca de 1,32 millones de personas) de las que se beneficiarán los empresarios que ofrezcan empleos indefinidos y serán de 1.300 euros al año en caso de que se contrate a hombres, y 1.500 euros en el de mujeres, que representan el 64 % del total, lo que tendrá un coste de unos 25,68 millones.

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Una tercera pata del texto aprobado hoy establece el incremento de la prestación por hijo a cargo de 291 a 341 euros para familias en situación de pobreza y a 588 euros para las familias en pobreza severa, una medida que también se había propuesto en los Presupuestos de 2019 rechazados por el Congreso.

Este incremento beneficiará a unos 80.000 niños durante este primer año, según Valerio.

Además, la norma fija el mínimo de la prestación de incapacidad permanente total por enfermedad común para menores de 60 años en 6.930 euros anuales (6.991,60 euros con cónyuge a cargo o como unidad económica unipersonal) con efector retroactivo al 1 de enero de 2019.

Asimismo, incluye la reducción de un 14,6 % de la cuota de los trabajadores agrarios por cuenta ajena durante los periodos de inactividad y la bonificación para la conversión de los contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos-discontinuos. El coste de esta medida ronda los 12,7 millones.

A estas se suma, la bonificación a las empresas vinculadas al turismo, la hostelería y el comercio que prolonguen los contratos fijos discontinuos a los meses de febrero, marzo y noviembre, con una reducción del 50 % en las cuotas sociales de esos meses, lo que tendrá un coste de unos 15 millones.

Además, se permite a los artistas en espectáculos que puedan continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad, con ciertas condiciones.

En materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en 2012 con una dotación de 70 millones.

Esta última medida, así como la conversión de contratos agrarios y las bonificaciones de contratos del sector turístico y por contratos de parados de larga duración, irán con cargo al presupuesto prorrogado de 2018 y no implican incremento de coste, ya que se compensan con la reordenación de determinadas partidas.

El resto de iniciativas más las aprobadas en el decreto ley de la semana pasada sobre igualdad, cuya medida más destacada era la ampliación de los permisos de paternidad, tienen un coste de 1.130 millones y se sufragarán con los incrementos de ingresos de la Seguridad Social esperados.

Según ha explicado Valerio, decisiones como subir las bases máximas de cotización o la mayor recaudación por cotización de autónomos y por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) incrementarán los ingresos de la Seguridad Social en unos 3.300 millones, con lo que se compensa sobradamente el coste de las medidas sociales aprobadas estas dos últimas semanas.