El fraude del IVA, asentado en España

El fraude del IVA, asentado en EspañaEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
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  • La Fiscalía General del Estado señala en su Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2016 la creciente importancia de los delitos contra la Hacienda Pública, sobre todo en lo relativo al fraude del IVA.

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    Según el órgano judicial, se ha registrado un notable aumento de causas instruidas por delitos cometidos por personas jurídicas. En el documento, que detalla las actuaciones más destacadas de la sección de delitos económicos, cuyo ámbito competencial el organismo cree que esta “definitivamente asentado”, el aumento del fraude del IVA es la “única peculiaridad” reseñable.

    No obstante, se trata de una tendencia constatada en ejercicios anteriores, cuando ya se había detectado que entre los delitos contra la Hacienda Pública crecen las defraudaciones de IVA y sociedades y descienden los fraudes del IRPF.

    Según explica el informe, la atribución del enjuiciamiento de los delitos societarios a los Juzgados de lo Penal hace “muy difícil su cuantificación“. El otro aspecto destacado de las actuaciones en el ámbito económico es la mayor frecuencia de resoluciones judiciales en las que se decreta la responsabilidad penal de personas jurídicas.

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    La Fiscalía sitúa como “un deseo inalcanzable” el que existan grupos o unidades de funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad especializados en la investigación de la delincuencia económica “a las órdenes directas y exclusivas” de jueces o fiscales encargados de depurar las responsabilidades derivadas de estos delitos.

    Y también como en anteriores ediciones, expresa su deseo de “evitar en lo posible la criminalización de conductas cuya causa única sea la desesperada situación económica del autor”, aunque reconoce que los mayores efectos de la crisis económica han remitido.

    Asimismo, reitera que se extreme el rigor en la persecución de aquellas actividades defraudatorias “que causaren pérdidas de puestos de trabajos o perjuicios a pequeños ahorradores”.

    La Fiscalía General del Estado se hace eco de las reseñas de las Memorias de las distintas Fiscalías, entre las que destaca la del Fiscal de León, que se queja de la dificultad de determinar el número real de insolvencias punibles producidas por existir varias denominaciones para las mismas.

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    El representante del ministerio público en Pontevedra lamenta lo que califica de rígidos criterios que en ocasiones mantiene la Abogacía del Estado en algunas cuestiones, como la cuantía de las multas, lo que dificulta la posibilidad de obtener conformidades.

    También señala la utilización cada vez más frecuente de testaferros, administradores de hecho y sociedades fiduciarias lo que hace imposible la identificación del autor real de los hechos, y la práctica de algunas defensas de proponer “complejas pruebas periciales o documentales voluminosas”, lo que provoca indeseados retrasos y en lo que coincide con la Fiscalía de Cádiz.

    Desde Alicante llega el relato de la “compleja defraudación” ideada por un grupo de comerciantes mayoristas de origen chino, establecido en España pero con la pretensión de introducir sus productos en la Unión Europea.

    También observa una disminución importante del número de denuncias remitidas por la Agencia Tributaria, así como de la cuantía de las cantidades supuestamente defraudadas, una afirmación “en clara contradicción” con lo señalado por el Fiscal de Extremadura, que se asombra del aumento de las cuotas defraudadas.

    Las peculiaridades regionales se ponen de manifiesto en lo que relata el Fiscal de Tenerife, que recuerda que las islas tienen un régimen fiscal distinto al resto del país y destaca la gran cantidad de estafas cometidas en arrendamiento “time sharing” (aprovechamiento turístico a tiempo compartido).

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