Mientras Iglesias se reúne con Junqueras en la cárcel para negociar los Presupuestos de Sánchez, el Gobierno aprueba su ‘hachazo fiscal’

Mientras Iglesias se reúne con Junqueras en la cárcel para negociar los Presupuestos de Sánchez, el Gobierno aprueba su ‘hachazo fiscal’El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante la firma hoy en el Palacio de la Moncloa del acuerdo sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2019.- EFE/ Zipi

Bajo la pobre excusa de que “no se puede aspirar a un Estado del bienestar de primera con ingresos de tercera”, el Gobierno, pese a que el 60% de los españoles cree que paga demasiados impuestos, ha aprobado su ‘hachazo fiscal’, en el día en el que Pablo Iglesias, líder de Podemos, negocia con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners (Barcelona) los Presupuestos de 2019 de todos los españoles ideados por él y aceptados por Sánchez.

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nuevo impuesto sobre servicios digitales, el de las transacciones financieras y una serie de medidas para reforzar la lucha contra el fraude, iniciativas pensadas para recaudar 2.878 millones de euros que el Gobierno considera una estimación prudente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado los tres anteproyectos de Ley, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que las medidas se enmarcan en el plan presupuestario enviado el lunes a Bruselas, fruto del acuerdo con Unidos Podemos.

“No se puede aspirar a un Estado del bienestar de primera con ingresos de tercera”, ha argumentado Montero para justificar el nuevo ‘hahazo fiscal’ a los contribuyenes, que ha afirmado que “frente a las críticas apocalípticas o infundadas”, el Gobierno está haciendo un ejercicio de responsabilidad en el que por cada medida de gasto propuesta para los Presupuestos de 2019 se contempla una medida para aumentar los ingresos.

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Según ha explicado, el objetivo general de las medidas es incidir en el combate de nuevas fórmulas de fraude fiscal, luchar contra los comportamientos inadecuados y la planificación fiscal agresiva de grandes multinacionales, y modernizar el sistema fiscal para que sea más redistributivo y justo.

La mayor recaudación provendrá de la llamada “tasa Google”, unos 1.200 millones en 2019 que saldrán del gravamen del 3 % que se aplicará a las multinacionales tecnológicas que facturen 3 millones de euros en España, y 750 millones en el resto del mundo para garantizar que no afecte a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Un impuesto, sin duda, que terminará recayendo, como siempre, en los contribuyentes de a pie.

Montero ha destacado que España es el primer país de la Unión Europea (UE) que pone en marcha este impuesto, que está en línea con el propuesto por la Comisión Europea (CE) y cuya recaudación estimada es un 20 % inferior a la que previó en su día el Gobierno del PP.

El impuesto sobre determinados servicios digitales se liquidará trimestralmente y su base imponible serán los ingresos por publicidad en línea, los del servicio de intermediación en línea y los de la venta de datos generados a partir de información proporcionada por los clientes.

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La regulación del impuesto de transacciones financieras, con unos ingresos estimados de 850 millones que irán destinados a financiar el sistema público de pensiones, incluye un tipo del 0,2 % para las operaciones de compraventa (transacciones netas intradía) de acciones españolas de empresas, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones. Es decir, que invertir en Bolsa, en vez de ser un objeto para la financiación de las empresas y el ahorro de los inversores, tiene ahora un nuevo hándicap fiscal.

El Gobierno considera a los empresarios como defraudadores

El anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y transposición de la Directiva antielusión prevé unos ingresos de 828 millones, que Montero ha considerado un cálculo conservador, teniendo en cuenta que el anterior Ejecutivo del PP cifraba en 1.000 millones los ingresos derivados de cada una de las leyes que hizo contra el fraude.

Ha añadido que habrá 200 nuevos funcionarios en la Agencia Tributaria (AEAT) para dar cumplimiento a las medidas incluidas en el anteproyecto.

Y espera obtener esos ingresos, porque considera que los empresarios son unos defraudadores en sus pagos en efectivos. Así, la norma incluye la limitación del uso de efectivo a 1.000 euros para los pagos entre empresas y profesionales, y a 10.000 euros para los pagos de particulares con domicilio fiscal fuera de España, con una recaudación estimada de 218 millones.

También se refuerza la lista de morosos con la Agencia Tributaria, que incluirá a los responsables solidarios y reducirá el importe para ser incluido a 600.000 euros, frente al millón actual, lo que permitirá ingresar 110 millones adicionales.

El resto de medidas para luchar contra el fraude tienen prevista una recaudación de 500 millones y entre ellas se incluye estrechar la vigilancia a contribuyentes con grandes patrimonios y sus entornos societarios.

También se prohíbe la fabricación, distribución y utilización del llamado software de doble uso con el que se ocultan ventas y servicios en las operaciones con consumidores finales, con sanciones por incumplimiento de hasta 150.000 euros.

Además, se obliga a informar de los titulares y saldos de las cuentas nacionales y extranjeras en criptomonedas (monedas virtuales), así como de las operaciones realizadas en dichas divisas.

La norma prohíbe expresamente la posibilidad de hacer amnistías fiscales en el futuro y habilita al Gobierno a ampliar la lista de paraísos fiscales para incluir a aquellos que no mantienen unos estándares fiscales mínimos.

Montero ha destacado otras medidas como el refuerzo del control de la actividad del juego y las apuestas deportivas, con la elaboración de “una lista negra” de operadores que no están autorizados.

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