La UCO se remonta a la época de Ruiz-Gallardón en el caso Lezo

La UCO se remonta a la época de Ruiz-Gallardón en el caso LezoJoaquín Leguina (PSOE); Alberto Ruiz-Gallardón (PP); Cristina Cifuentes (PP); Esperanza Aguirre (PP) e Ignacio González (PP). EFE
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  • La Guardia Civil, a través de la UCO, investiga el pago de 83 millones de euros que realizó en 2001 el Canal Isabel II por Inassa, la filial latinoamericana de la empresa pública, que solo valía 8 millones un año antes.

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    Son precisamente los registros en Inassa los que provocaron la tensión en el seno interno de la Fiscalía Anticorrupción. Y es que, Manuel Moix, el fiscal jefe de este departamento se negó por escrito a que la Guardia Civil los llevara a cabo debido a los supuestos delitos podrían estar prescritos. No obstante, este término lo debe sentenciar un juez, y no un fiscal. De hecho, el escrito produjo un enfrentamiento con el resto de fiscales anticorrupción, quienes en Junta, rechazaron la decisión de Moix.

    La UCO no solo ha retrocedido en el tiempo para averiguar las últimas compras de empresas realizadas por Inassa, sino que también se ha remontado a la propia filial del Canal Isabel II en Latinoamérica, una operación por la que se pagaron 83 millones de euros en 2001, cuando Alberto Ruíz-Gallardón estaba en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

    Es compra fue el inicio de la internacionalización del Canal Isabel II. Entonces se realizó la compra del 75% de Inassa, por una cantidad casi diez veces superior a su valor de real, cifrado en solo 8 millones un año antes.

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    Según el fiscal jefe de Anticorrupción, esta operación no podía vincularse con el resto de la investigación, por lo que no tenía sentido incluirla en el sumario del caso, pese a que a los otros dos fiscales de Anticorrupción presentes en este caso rechazaron los argumentos de Moix. Fue entonces cuando se celebró la junta fiscal, y con tan solo un voto a favor de Moix, se dio luz verde al registro. Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez son los otros dos fiscales.

    Ahora, la UCO y 16 años después de la compra de Inassa investiga la operación. Interamericana de Aguas y Servicios SA lleva activa desde 1996, y su función era llevar agua potable a Barranquilla (Colombia).

    Agbar, entonces una de las empresas más importantes de aguas del mundo, fue su primer socio, con el 51% del capital, pero en el año 2000 decidió vender su participación ya que el negocio no era rentable. La venta de ese 51% se realizó por 8 millones de euros.

    Poco después, Inassa contactó con el Canal de Isabel II, presidido entonces por Carlos Mayor Oreja, y bajo el mandato de Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid. En esa época se iniciaron las negociaciones para crear Canal Extensia, la mercantil que compraría Inassa e iniciar así la internacionalización de la pública.

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    Poco después, con Pedro Calvo en la presidencia del Canal Isabel II, se acordó la constitución de Canal Extensia, cuya primera operación fue la compra del 75% de Inassa por 83,6 millones de euros, 10 veces más que lo que habían pagado un año antes los socios colombianos por el 49%. En diciembre se abonaron los 10 millones, y en 2002 se pagaron 61,5 millones en febrero y los otros 1,5 millones en diciembre. Poco después, se acometió una ampliación de capital en Inassa, cuyo coste fue de 13,7 millones de euros. En total, el Canal Isabel II ya ha pagado por Inassa 97,3 millones de euros.

    El Canal de Isabel II valoró Inassa en cuatro veces menos de lo que costó en 2001

    A través de Inassa, el Canal ya tenía otros mercados abiertos, como República Dominicana y un mayor negocio en Colombia. Ya en 2003, Ignacio González pasó a ser presidente del Canal Isabel II y las compras se incrementaron en la zona de Latinoamérica.

    En 2005, compró otro 3% de Inassa que pertenecía a otra empresa española, Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa), pagando 600.000 dólares. Es decir, se valoraba ya Inassa en solo 20 millones, cuatro veces menos del precio de compra de 2001.

    En 2006, Canal Extensia se hizo con el 81,24% de Inassa, pagando otros 16,1 millones de euros. En esa época se compra Triple A de Ecuador por un millón de euros; se incrementa su participación en Triple A de Barranquilla, pagando otros 15 millones de euros.

    La última de las operaciones de Inassa fue en 2013, cuando se adquirió el 75% de la firma brasileña Emissao, una operación que es el eje del caso Lezo.

    La UCO y la Fiscalía creen que el precio de la compra de esta empresa brasileña fue muy superior al estipulado, por lo que se sospecha que existió un desvío hacia el patrimonio personal de los principales investigados.

    La Audiencia Nacional ha remitido a las autoridades brasileñas la orden de detención de Sebastiao Cristovam, el empresario brasileño que vendió el 75% de Emissao. Otro de los detenidos en la operación es María Fernanda Richmond, la directora financiera del Canal y esposa del CEO de Indra.

    De esta forma, la UCO cree que los precios pagados de más no solo se habrían realizado en la última operación del Canal, sino que van mucho más allá. En Haití, Inassa, mediante Metroagua, se adjudicó dos contratos de 21 millones para realizar obras de infraestructuras del agua tras el terremoto que sacudió ese país en 2010. Las pesquisas se centran en el pagó comisiones a funcionarios haitianos y que parte de esas comisiones también se derivaron a los bolsillos personales de los directivos de Inassa.

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