Ron y Saracho, dos versiones enfrentadas en el Congreso por la resolución de Banco Popular

Ron y Saracho, dos versiones enfrentadas en el Congreso por la resolución de Banco PopularEmilio Saracho y Ángel Ron, los dos últimos presidentes del Banco Popular antes de su resolución por la JUR y venta al Santander. / EFE

No se verán las caras, pero las declaraciones de Ángel Ron y Emilio Saracho, últimos ex presidentes de Banco Popular, en el Congreso arrojarán luz sobre la situación de Banco Popular en el momento de la resolución, más cuando se conocen actas y testimonios del Banco de España y de las auditoras. 

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Será en la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, centrada también en la resolucoión de Banco Popular. Por ella ya han pasado los presidentes de las auditoras, como el de Deloitte España, y también se ha pronunciado el Banco de España. El día clave, este próximo jueves, con la comparecencia estrella de ambos ex presidentes, muy cuestionados por su actuación de Banco Popular, sobre todo desde la llegada de Saracho, de forma oficial el pasado 20 de febrero de 2017, apenas cinco meses antes de la fatídica y criticada resolución de la entidad financiera, tras la cual, Popular fue vendida por un euro a Banco Santander.

Faltan por conocerse numerosos datos y arrojar luz sobre numerosas dudas. Por ejemplo, aún no se ha facilitado el listado completo de los organismos públicos y fondos que retiraron su dinero pocos días antes de la resolución, tampoco se ha aclarado cuánta liquidez pedía Banco Popular al Banco de España y al BCE para poder abrir con normalidad el 7 de junio de hace un año, así como las distintas valoraciones en el informe de Deloitte y la de la presidenta de la JUR, Elke König, quien enfadó a los diputados presentes en esta comisión por no responder sus preguntas.

La Junta Única de Resolución decidió resolver Banco Popular argumentando que era la opción más viable para los acreedores. Los 305.000 accionistas y bonistas perdieron toda su inversión de la noche a la mañana en aquellas fatídicas horas.

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La resolución se adoptó asegurando que no costaría un euro a los contribuyentes, pero pocas semanas antes el ex ministro de Economía y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, afirmaba primero que Banco Popular era «solvente», al tiempo que afirmaba que los accionistas decidirían el futuro de la histórica entidad financiera.

Se trataba del sexto mayor banco de España hasta esa fecha. La resolución se produjo tan solo una semana antes de que comenzara esta Comisión en el Congreso, presidida por Ana Oramás. Los citados están obligados a acudir, según han asegurado fuentes parlamentarias a Intereconomía.com, por lo que Saracho no podrá escaquearse, como hizo ante una juez en Barcelona en un caso en el que Banco Popular ha sido condenado a devolver 28.000 euros a un particular. El ex presidente de Popular fue condenado a pagar unos 500 euros de multa por su incomparecencia.

La inspectora del Banco de España Carmen Hernández, clave en el caso Banco Popular, no acudirá al Congreso

Entre otras comparecencias se espera la de Ignacio Pardo, uno de los inspectores del Banco de España que analizó las cuentas de Popular, mientras que no acudirá la funcionaria clave Carmen Hernández por razones médicas.

El miércoles se sentará en la tribuna el presidente de PwC en España, Gonzalo Sánchez Martínez. Su trabajo está más que cuestionado, primero porque los tribunales no sólo están investigando la resolución de Banco Popular, sino también las ampliaciones de capital de 2012 y 2016, que ya tienen sentencias a favor de particulares. PwC auditaba a Banco Popular desde hacía 30 años sin detectar anomalías en las cuentas, pese a la red de Luxemburgo por las cuales y supuestamente, Banco Popular ocultaba las pérdidas procedentes de la concesión de préstamos a empresarios y particulares afines, como el complejo Marina D’Or.

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Pese a ello, es ahora cuando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha sancionado ahora a PwC y no antes. El motivo son las cuentas de 2012, por lo que habría que esperar a las cuentas de 2016 y la propia situación que tenía Banco Popular justo antes de la resolución y cuál tenía realmente a cierre de 2017. La sanción está recurrida por PwC.