Rubén Manso Olivar: ‘Sánchez dejará al próximo Gobierno una factura elevada’

Rubén Manso Olivar: ‘Sánchez dejará al próximo Gobierno una factura elevada’Rubén Manso Olivar coordina la elaboración del programa económico de Vox y también ocupa el puesto número dos en las listas de la formación por la provincia de Málaga al Congreso de los Diputados.

Miklós Cseszneky. Rubén Manso Olivar es doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho, inspector del Banco de España en excedencia y teniente del Ejército de Tierra en la reserva. Actualmente, es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y dirige una empresa dedicada a servicios financieros especializados. Desde el pasado mes de marzo coordina la elaboración del programa económico de Vox y también ocupa el puesto número dos en las listas de la formación por la provincia de Málaga al Congreso de los Diputados.

PUBLICIDAD

El 28 de abril en España se celebrarán elecciones anticipadas después de que el Congreso tumbara los presupuestos del gobierno minoritario socialista. ¿Cuál es legado económico del breve reinado de Pedro Sánchez?

Sánchez ha estado poco tiempo en el Gobierno y ha estado más pendiente de mantenerse en el poder que de otra cosa, por lo que poco ha podido hacer. Además, ha gobernado con los presupuestos que se le aprobaron a Rajoy y finalmente no ha podido aprobar unos propios, por lo que se ha visto obligado a prorrogar los de este último.

Sin embargo, algunas de sus últimas medidas (incremento de salario mínimo con elevadas tasas de desempleo o la regulación sobre control de alquileres), ya muestran lo nocivo que comenzaba a ser su actuación en este campo. No hablemos ya de los llamados viernes sociales, donde cada Consejo de Ministros que se celebra tras la convocatoria de elecciones se ha convertido en una compra de votos que dejará al próximo Gobierno una factura elevada.

PUBLICIDAD

Esta será la primera vez que Vox participe en unas elecciones generales con la certeza de superar al umbral electoral. Todo empezó en Andalucía donde, gracias a los buenos resultados de Vox y su apoyo a la investidura, la alianza del Partido Popular y Ciudadanos logró poner fin a cuatro décadas de socialismo. Sin embargo, las negociaciones tras las elecciones andaluzas revelaron las profundas diferencias políticas que separan a Vox de esos partidos, sobre todo de Ciudadanos. ¿Esas diferencias son tan marcadas también a nivel de los programas económicos?

No tanto, especialmente con el PP, porque el consenso fundamental sobre la unidad de España es común a los tres partidos. Sin embargo, nosotros, en Economía, tenemos una gran diferencia con los otros dos partidos: nosotros creemos en la familia y la pequeña propiedad y vamos a crear las condiciones económicas para que ambas instituciones se desarrollen ampliamente.

El alto nivel de paro sigue siendo uno de los desafíos más grandes de la economía española. ¿Cuál es la receta de Vox para acabar con este problema?

Reducir el coste laboral que no los salarios. Son cosas distintas. En España los empresarios pagan un 31% adicional al salario del trabajador en contribuciones a la Seguridad Social. Vamos a reducirlas. Así el salario del trabajador no se resiente pero el coste para el empresario por su contratación se reduce. Pretendemos cubrir la caída de estos ingresos ligados a la contratación de trabajadores con el incremento del número de trabajadores contratados tras la reducción de dichas contribuciones. Además, el incremento del número de trabajadores reduce el gasto por transferencias del sector público, que reduce el número de personas a las que tiene que ayudar.

PUBLICIDAD

Vox propone la eliminación del actual sistema de las comunidades autónomas, lo que permitiría un ahorro considerable en los gastos de la administración pública. Sin embargo, eso también significaría la pérdida de muchos empleos en el sector público. ¿No sería peor el remedio que la enfermedad?

La eliminación de las comunidades autónomas requiere una reforma constitucional, por lo que en una primera fase no será posible. El ahorro vendrá por la eliminación de duplicidades en algunas competencias que desarrollan las autonomías y el Estado. Además, queremos eliminar algunas agencias como son las televisiones y radios públicas autonómicas, auténticos aparatos de propaganda de los gobiernos regionales y centralizar algunas competencias en el Estado (básicamente Educación y Sanidad).

En el sector público no siempre es posible reducir plantilla. Algunos de sus trabajadores tienen un estatuto especial, el de funcionario, que impide su despido. Reduciendo las tasas de reposición del mismo cuando se jubila, podremos ir ajustando estas plantillas. En cualquier caso, nosotros esperamos crear las condiciones para una fuerte explosión del empleo privado que podría absorber a los empleados públicos no funcionarios que se vieran afectados.

Debido a la inestabilidad política, muchas empresas se vieron obligadas a abandonar Cataluña, lo que ha debilitado la economía catalana ¿Es reversible el daño económico del procés?

Para Cataluña no en el medio plazo. Recuperar la confianza cuesta y los políticos independentistas catalanes han creado una muy fuerte desconfianza. Mientras no se aparten del gobierno regional o abandonen sus ideas, y lo que es peor: sus métodos, Cataluña será un territorio donde el capital no querrá entrar.

En España se habla mucho de las grandes desigualdades económicas entre diferentes comunidades autónomas, pero hay otra desigualdad territorial más latente, la de las zonas despobladas, que se han quedado sin gente, sin infraestructura, sin tejido industrial, y esa España abandonada supone un 60% de la superficie nacional. ¿Qué haría Vox para ayudar a esas regiones moribundas?

Mi familia proviene de una de esas áreas (Burgos). La política agraria de la UE ha subvencionado la agricultura y le ha quitado el nervio de la competitividad. Los agricultores son ahora rentistas o cuasi-rentistas en muchos casos. Sin embargo, hay zonas de España donde la agricultura y la ganadería no subvencionada ha mostrado un muy potente desarrollo económico que ha permitido fijar la población al suelo. El desarrollo de estas actividades en esas zonas de España ha creado a su vez una potente industria agroalimentaria. La industria suele exigir, cuando comienza a desarrollarse, un apoyo público en forma de infraestructuras que permitan las comunicaciones y el transporte. Ese podría ser nuestro modelo.

El envejecimiento de la población es un problema en todo Occidente, pero España está en camino de convertirse en la geriatría de Europa. Según muchos expertos, eso hace que el actual sistema de pensiones se parezca a un esquema Ponzi. ¿Qué propone Vox para garantizar la jubilación de los trabajadores?

Vox quiere asegurar las pensiones de los que aún estamos en activo. Los que ya se han jubilado sólo les queda disfrutar lo que les hemos prometido. El aseguramiento de las futuras pensiones no tiene por qué ser necesaria y totalmente público, máxime cuando este sistema público se basa en un esquema piramidal demográfico y la demografía no lo acompaña. En ese sentido queremos introducir progresivamente un sistema mixto que tenga un componente privado de capitalización y otro componente público redistributivo.

La otra cara del mismo problema demográfico es la baja natalidad. La dificultad de encontrar trabajo e independizarse de sus padres muchas veces empuja a las mujeres a retrasar la maternidad o, en muchos casos, a no tener hijos. En países como Hungría y Polonia existen programas gubernamentales para fomentar la natalidad y ayudar a los recién casados. ¿Se plantea Vox alguna iniciativa similar?

Sí, nuestro programa económico está lleno de medidas fiscales, sociales y de apoyo a la creación de patrimonios familiares que permitan relanzar la natalidad en España. Los impuestos a las familias se verán fuertemente reducidos en función del número de miembros que las componen y las circunstancias personales de los mismos: edad, grados de minusvalía en su caso… Favorecemos la creación y transmisión de los patrimonios familiares con la eliminación de impuestos claramente confiscatorios (transmisiones y donaciones) o perturbadores (AJD).

No se puede hablar del bienestar de las familias si estas no tienen acceso a hospitales y colegios. Usted ha sido atacado por la prensa progresista por querer privatizar los sistemas de Sanidad y Educación. ¿Cuál es su respuesta a esas críticas?

Nosotros venimos a cumplir la Constitución Española y el principio de subsidiariedad reconocido en el Tratado de Maastricht (1992). La primera dice que el Estado asegurará la Sanidad y la Educación a todos los españoles, pero no que tenga que ser el provisor. En cualquier caso, España tiene una buena red de enseñanza y sanidad pública. No se trata de desmantelarla, pero sí de ampliar la libertad de los españoles a la hora de elegir el provisor de los servicios. Así aumentamos la renta de los españoles y aseguramos mediante figuras como la del cheque escolar la libertad de de elegir quién quieren que les dé el servicio: el Estado o una compañía privada. En el ámbito sanitario, en España hay colectivos (los funcionarios) que gozan de esta libertad y no vemos el problema para extender el modelo, o uno similar, a los contribuyentes.

El principio de subsidiariedad se ha invertido en su aplicación práctica. Dicho principio dice que allí donde no llegue la iniciativa privada, debe actuar el Estado. Sin embargo, se está aplicando al revés: allí donde no llega el Estado se permite la iniciativa privada. Hay necesidades anteriores a la educación y la sanidad, la alimentación y el vestido, que igualmente están aseguradas por la Constitución, sin embargo son provistas en su totalidad por el sector privado con plena satisfacción de la población. No entiendo el escándalo de mis palabras, salvo por el gusto de la prensa progresista por evitar debates y mantener la discusión política dentro de los márgenes que ella misma fija.