La Audiencia investiga los contratos de Saracho con JP Morgan y su cese

La Audiencia investiga los contratos de Saracho con JP Morgan  y su ceseEmilio Saracho, el último presidente del Banco Popular antes de pasar a manos del Santander./EFE

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu continúa con la investigación sobre el caso Banco Popular y ha puesto la lupa en las “condiciones económicas” del cese del ex presidente de la entidad financiera Emilio Saracho y los contratos firmados con JP Morgan durante su presidencia.

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Saracho realizó contratos con JP Morgan durante su etapa en Banco Popular. El ex presidente fue vicepresidente del banco estadounidense y encargó distintos mandatos a su ex entidad durante su corta estancia en el sillón presidencial del banco español.

Concretamente, Andreu trata de averiguar qué acuerdos suscribieron ambos bancos después de que varios abogados de la acusación, como Miguel Durán y la AEMEC, hayan puesto de manifiesto la opacidad del proceso por el cuál Saracho firmó con JP Morgan por el asesoramiento de la venta de Popular pocas semanas antes de la polémica resolución, la primera que se realizaba en Europa y posterior venta al Santander por un euro. Con esa operación 305.000 accionistas y bonistas de alto riesgo perdieron todo su dinero.

Banco Popular pagó 20 millones y el 1% de la venta a JP Morgan

Según declararon fuentes financieras a Intereconomía.com, Banco Popular pagó 20 millones a JP Morgan y una comisión del 1% si encontraba comprador, aligerando así la carga de los 86 millones que pagó de indemnización a Emilio Saracho. JP Morgan tenía el mandato del consejo presidido por Saracho para encontrar un comprador para el Popular, que finalmente se ha vendido por el precio simbólico de un euro. Se sondeó el mercado y se consiguieron hasta tres ofertas no vinculantes, una de ellas del Santander, que finalmente se quedará con la entidad financiera al tiempo que los accionistas del Popular perderán todo su dinero.

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Diligencias previas que apuntan directamente a la filtración de información para desplomar el precio de la acción

En un auto fechado el pasado 5 de julio, Andreu ha requerido información a Banco Popular sobre las “condiciones económicas convenidas” para el cese de la relación laboral de Emilio Saracho con la entidad, según el texto al que ha tenido acceso El Independiente. Saracho rechazó el pago de una indemnización de cuatro millones tras la salida del banco.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) había pedido a Andreu que exigiera a Popular la entrega de los contratos firmados con JP Morgan Limited durante la presidencia de Saracho, los informes y comunicaciones para determinar por qué se eligió el anterior banco de Saracho para buscar un comprador para la entidad financiera.

Linde, gobernador del Banco de España, no tendrá que testificar

Asimismo, como ya viene siendo habitual en este caso, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, no tendrá que testificar, como tampoco lo hará el ex director financiero de Banco Popular, Miguel Escrig. Según el juez, “resulta prematuro practicar unas pruebas testificales sobre hechos o circunstancias accidentales o secundarias cuya valoración, en orden de relevancia y relación con la investigación, requiere del conocimiento previo del resultado de otras diligencias probatorias ya acordadas”.

También se investiga la filtración de información a medios de comunicación

El juez indaga en las filtraciones interesadas a la prensa que provocaron fuertes desplomes en Banco Popular durante esas semanas. De hecho, estaban señalados dos medios. El juez exige además que Banco Popular aporte el escrito remitido por Carlos Balado, responsable del área de Comunicación, Marca y Relaciones Corporativas de Banco Popular, al consejero Francisco Aparicio Valls en noviembre de 2016 en torno a posibles “filtraciones a los medios de secretos del Consejo, y la incidencia que tienen o pueden tener dichas filtraciones en la acción y en la reputación del banco”. También deberá aportar el banco los análisis de la imagen y reputación durante los ejercicios 2014 hasta 2017.

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La asociación que tiene por objeto la defensa de los intereses de accionistas minoritarios, de cualquier nacionalidad, de sociedades cotizadas en cualquier mercado de valore, dentro o fuera de España ha iniciado acciones judiciales ante la “gravedad de los hechos“.  En el escrito de su demanda, al que ha tenido acceso Intereconomía.com, se pone de manifiesto la “existencia de un plan perfectamente urdido, destinado a la entrada en el capital del Banco Popular y en su consejo de Administración, para una vez dentro implementar una estrategia –a espaldas de la CNMV– tendente a depreciar maliciosamente y a su factor la cotización de las acciones del banco presidido hasta este miércoles por Emilio Saracho.

Del Valle, beneficiado por las posiciones cortas en el Banco Popular

Según la AEMEC, esta estrategia se ha realizado mediante filtraciones de información relevante para su cotización, maquinando y manipulando la misma, a la que tendrían acceso habida cuenta sus cargos, junto a la creación de tensiones entre los consejeros de administración y el presidente del tal órgano.

“Se pretendía crear una situación prácticamente insostenible que necesariamente ha conducido a la destitución del que fuera presidente del Consejo, Ángel Ron, y el nombramiento de un nuevo presidente, Emilio Saracho, cuya gestión ha concluido con la venta de la entidad al Santander por el precio de un euro.

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