Banco Santander salvó a los contribuyentes de pagar 36.000 millones por Banco Popular

Banco Santander salvó a los contribuyentes de pagar 36.000 millones por Banco Popular
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  • El rescate de Banco Popular hubiera alcanzado los 36.000 millones de euros, según las cifras del Ministerio de Economía, aportadas por Banco Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En caso de no haber comprado la entidad financiera, Banco Popular habría protagonizado el mayor concurso de acreedores en la historia de España.

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    Los contribuyentes no han tenido que abonar ni un euro en esta operación, ya que la Junta Única de Resolución decidió que fueran los accionistas y bonistas quienes perdieran sus inversiones, una polémica medida que deberán resolver los tribunales.

    Según el escrito de Banco Popular, el Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, cifra el rescate de Banco Popular en 36.000 millones de euros, un montante muy elevado teniendo en cuenta que Deloitte apuntaba a un agujero de 20.600 millones de euros. De esta forma, pese a que la JUR se basó en el informe de Deloitte para aplicar la primera resolución de una entidad financiera en la Eurozona por primera vez en la historia en la noche del 6 al 7 de junio, Economía facilitó una cifra significativamente mayor, un 74% más que en el peor escenario de la consultora.

    Según la comunicación remitida por Banco Popular al regulador bursátil, recogida por El Mundo, la entidad cántabra “se ha hecho cargo diligentemente del nuevo Banco Popular surgido tras la resolución (…) Esta actuación de Banco Santander ha evitado el terrible impacto que hubiera tenido sobre el mercado financiero español el concurso de Banco Popular”, ha señalado. El concurso de Banco Popular hubiera superado con creces al Martinsa Fadesa al tratarse de la sexta entidad financiera española.

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    “Se ha hecho sin que los contribuyentes tuvieran que soportar el coste de su intervención -continúa la entidad-, a diferencia de lo que ocurrió en su día con otras muchas cajas de ahorro que precisaron de significativos apoyos públicos para asegurar su viabilidad, singularmente Bankia/BFA“. Bankia costó a los contribuyentes cerca de 23.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros 1.600 millones. En total, la factura del rescate de ambas entidades para los contribuyentes ronda los 24.000 millones de euros, y apenas se ha devuelto una ínfima parte con las ventas realizadas por el Estado y el dividendo.

    La solución de compra por parte de Banco Santander ha evitado así un nuevo quebranto en las arcas públicas, según afirma el escrito. En este sentido, ha destacado que el Tesoro tendría que haber realizado un rescate multimillonario tan sólo en lo referente a garantizar los depósitos. La ley fija el máximo garantizado en 100.000 euros por cliente y cuenta.

    “Baste recordar que el ministro de Economía -Luis de Guindos- valoró que el coste que hubiera supuesto a las arcas públicas la caída del Banco Popular hubiera alcanzado los 36.000 millones de euros”, continúa.

    “Si Banco Santander no hubiera estado dispuesto a asumir el nuevo Banco Popular creado por la Junta Única de Resolución (JUR), los juzgados mercantiles madrileños previsiblemente se hubieran tenido que hacer cargo del concurso de acreedores de un gigante, en un procedimiento largo y perjudicial para trabajadores, clientes, acreedores y accionistas y (…) habiendo causado un grave perjuicio en el sistema económico-financiero español”, ha proseguido la entidad financiera.

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    Según la entidad financiera, “el proceso de resolución de Banco Popular evitó esa situación (o un costoso y probablemente inviable rescate público)”. Banco Santander tuvo que asumir todo el agujero en la compra de la entidad, por el precio simbólico de un euro.

    Es la respuesta de Banco Popular al expediente sancionador abierto por la CNMV, que también se dirige contra Ángel Ron, Reyes Calderón, y varios miembros de la ex cúpula de Banco Popular por las indemnizaciones por cese percibidas por Ron, que alcanzan el millón de euros.

    Estas pensiones no se mostraron convenientemente a los accionistas, según la CNMV. “No dejaría de ser paradójico que los mismos poderes públicos que resuelven una entidad y transmiten su negocio a un tercero, decidan exigir responsabilidad por hechos anteriores a la resolución a quien saben que nada tuvo que ver con esos hechos y evitó esa dramática situación”, continúa la entidad financiera.

    La CNMV sostiene que, puesto que el Popular incurrió en “infracción grave” al no explicar a los inversores “de forma clara y completa” las indemnizaciones a Ángel Ron y otros ex altos ejecutivos, debe afrontar una sanción de un millón de euros.

    “La continuidad de la personalidad jurídica de Banco Popular no lo es a todos los efectos, sino exclusivamente a aquellos que son imprescindibles para evitar perjuicios al interés general y proteger la seguridad del tráfico jurídico. Desde luego, entre esos efectos no está la imposición de sanciones por el poder público a la nueva entidad por actos de la entidad resuelta”, ha defendido la entidad financiera.

     

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