El juez Calama agrupa en 10 las acusaciones del Banco Popular

El juez Calama agrupa en 10 las acusaciones del Banco PopularEmilio Saracho y Ángel Ron, los dos últimos presidentes del Banco Popular antes de su resolución por la JUR y venta al Santander. / EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este martes agrupar en diez el centenar de acusaciones particulares personadas en la causa que investiga la gestión del Banco Popular, en función de si se trata de fondos de inversión, grandes inversores o asociaciones de perjudicados.

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En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado considera que dicha decisión es clave para agilizar la causa, iniciada en 2017 y aún pendiente de declaraciones, por lo que fija que los afectados que se incorporen al procedimiento deberán hacerlo bajo la dirección letrada de alguna de estas diez.

La representación de los fondos de inversión estará liderada por Pimco, Algebris, Anchorage Capital y Cairn Capital dados los «miles de inversores» que integran y «que su inversión se materializó básicamente en bonos del Banco Popular y no en acciones».

También contarán con dirección propia Ronit Capital, junto con los fondos de inversión Ronit Global y EM Co-Investment.

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Respecto a las asociaciones que representan a una «ingente cantidad de inversores individuales», Calama mantiene a los letrados de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), de Adicae, en nombre de 934 personas, y de la Mutualidad de la Abogacía, que «cuenta con más de 200.000 mutualistas».

Los afectados que se incorporen al procedimiento contra el Banco Popular deberán hacerlo bajo la dirección letrada de alguna de las diez agrupaciones decretadas por el juez Calama

También hace lo propio con Aeris Invest, vehículo del magnate chileno Andrónico Luksic, «cuya inversión en el Popular supera los 100 millones de euros».

Por último, establece dos categorías adicionales: una para inversores de más de un millón de euros y otra para cuantías inferiores.

Tal como obra en el documento, las acusaciones que permanecen personadas lo harán con sus actuales letrados, si bien en las comparecencias de investigados, testigos y peritos, cada representación actuará bajo un único abogado.

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A pesar de la integración, el resto continuará disponiendo del mismo nivel de información y acceso a documentación, si bien «no tendrán protagonismo procesal, careciendo de capacidad de presentación de escritos o de actuación en las diligencias de instrucción».

Iniciada en octubre de 2017 después de que el entonces juez titular de la instrucción, Fernando Andreu, admitiese a trámite varias querellas, el caso se dirige contra los excpresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus consejos de administración, la firma de consultoría PwC y su socio auditor.

El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.