El juez Calama citará a la excúpula del Banco Popular, incluidos Ron y Saracho, a partir de octubre

El juez Calama citará a la excúpula del Banco Popular, incluidos Ron y Saracho, a partir de octubreEmilio Saracho y Ángel Ron, los dos últimos presidentes del Banco Popular antes de su resolución por la JUR y venta al Santander. / EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha anunciado que citará a los investigados por el Banco Popular, entre ellos los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y sus respectivos consejos de administración, a partir de octubre, según una providencia dictada este miércoles.

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Como explica el magistrado, la intención es que esta ronda de declaraciones, la primera desde que comenzara en 2017, concluya antes de que finalice el año.

Así lo ha acordado Calama tras considerar los escritos de varias defensas, que alegaron posibles problemas de compatibilidad para compaginar las comparecencias de esta causa por el Popular con el juicio por la salida a bolsa de Bankia, en el que también están personadas.

De cumplirse las expectativas, las declaraciones llegarán dos años después de que el entonces titular del juzgado central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitiese a trámite varias querellas contra Ron, Saracho, quienes fueran sus consejeros, la firma PwC y el socio auditor de las cuentas.

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Entre los delitos que les achacan las acusaciones están los de presunta falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida.

El magistrado decidió entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Tras meses de retraso, los peritos judiciales cedidos por el Banco de España a la causa remitieron el pasado abril su primer informe sobre Popular, del que dependían las citaciones.

En él, los expertos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, descartaron que la entidad fuese inviable en la ampliación de capital de 2016, si bien añadían que las cuentas reflejadas en el folleto «no respetaban determinados aspectos de la normativa».

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