La CE y el BCE alertan de altos riesgos en la banca española por la baja rentabilidad

La CE y el BCE alertan de altos riesgos en la banca española por la baja rentabilidadSede del Banco de España.

La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) advierten de que la ralentización del crecimiento, la incertidumbre global y los costes por litigios pueden minar la rentabilidad de la banca española, y de que cumplir los requisitos de capital europeos será un reto para algunos bancos.

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Así se recoge en el informe elaborado por las instituciones tras la undécima misión de supervisión tras el rescate europeo a la banca española llevada a cabo entre el 7 y 8 de mayo pasados, que fue publicado este viernes.

Las instituciones concluyen que el sector financiero español mantuvo la estabilidad en 2018 y la primera mitad de 2019 «a pesar de algunas incertidumbres en el entorno político nacional e internacional», pero avisan de algunos desafíos.

«El sector bancario español goza de buena rentabilidad, liquidez y capitalización, aunque se coloca por debajo de sus socios de la Unión Europea en capital», dicen en el informe.

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La CE y el BCE destacan que la rentabilidad de la banca aumentó en 2018, tras un 2017 marcado por la resolución del Banco Popular, con una mejora del 25 % en sus beneficios consolidados y un incremento del retorno sobre el capital (ROE) de 1,2 puntos, hasta 7,2 %.

El peso de los bajos tipos de interés sobre la rentabilidad de las entidades se ha visto compensado por el crecimiento económico y la menor necesidad de provisiones gracias al descenso de los préstamos deteriorados hasta el 5,7 %.

Sin embargo, advierten de que hay «riesgos emergentes que necesitan ser vigilados de cerca». La prevista ralentización del crecimiento y las incertidumbres económicas globales «podrían debilitar los factores que impulsan la rentabilidad en el medio plazo», afirman.

En este sentido, avisan de que entidades y supervisores «tienen que garantizar estándares de crédito suficientemente conservadores», es decir, evitar la toma de grandes riesgos que demanden aumentar las provisiones.

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Añaden además el impacto que podrían tener los costes ligados a litigios legales para algunos bancos. Mencionan el concreto la sentencia europea que llegará en los próximos meses sobre las hipotecas ligadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios).

Al mismo tiempo, señalan que pese a los beneficios, la posición de capital de los bancos «se deterioró ligeramente», con una caída del ratio de capital de máxima calidad (CET 1 fully loaded) al 11,9 % al cierre de 2018, frente al 14,4 % de media europea.

Y avisan de que algunas instituciones «podrían tener dificultades» para constituir los colchones de capital (MREL) que fijarán las autoridades europeas en función de las demandas finales y el plazo que den para cumplirlas.

Por otro lado, Bruselas y Fráncfort creen que la nueva ley de crédito hipotecario «podría aumentar el coste de financiación de las hipotecas», en concreto por la ampliación de los periodos de ejecución que prevé.

Las instituciones comunitarias destacan además que la Sareb, conocida como «banco malo», «aumentó sus pérdidas de forma importante en 2018» y que la estrategia que prepara para sacar el máximo valor con la cesión de activos «tendrá que seguir siendo vigilada de cerca».

«El número récord de propiedades vendidas por Sareb en 2018 apoya el potencial de esta estrategia. Sin embargo es demasiado pronto para evaluar su efectividad», afirman.

La Comisión y el BCE vuelven a insistir además en que la privatización de Bankia seguirá «reforzando al sector bancario».

En general, la Comisión y el BCE ven un riesgo «muy bajo» en lo que se refiere a la devolución por parte de España de los 41.333 millones de euros que recibió de sus socios en 2012 para sanear y reestructurar su sector bancario.

España ha hecho nuevo reembolsos anticipados y devuelto ya el 43 % de este préstamo, con lo que su deuda asciende a 23.700 millones de euros.

Las instituciones vigilan a los países que han recibido rescates hasta que devuelven un 75 % de los mismos, con visitas cada seis meses para evaluar la situación sobre el terreno.