PwC, multado con 270.000 euros por una “infracción grave” en la auditoría de Banco Popular

PwC, multado con 270.000 euros por una “infracción grave” en la auditoría de Banco Popular
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  • PriceWaterHouseCoopers, PwC, el auditor de Banco Popular desde hace 30 años, y su socio José María Sanz Olmeda han sido multados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, por una infracción grave, consistente en dos multas, en su auditoría sobre la entidad financiera en 2012.

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    Según el ICAC, tanto PwC como Sanz Olmeda habían incurrido “en el incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2012 de Banco Popular y de las cuentas anuales consolidadas de la entidad “Grupo Banco Popular, S.A., y sociedades Dependientes”, cuyos informes de auditoría fueron emitidos el 28 de febrero de 2013.

    Las sanciones conllevan el pago del 0,12% y del 0,15% de los honorarios facturados por la sociedad por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de las sanciones, multas que no puede ser inferior a 12.000 euros, según lo establecido. Las sanciones a la auditora suman un total de 269.793 euros, repartidos entre 119.908 euros y 149.885 euros, respectivamente.

    PwC recurre la sanción del ICAC

    “El ICAC realizó una revisión exhaustiva de nuestra auditoría del ejercicio 2102 durante doce meses y no cuestionó las cuentas del banco ni nuestra opinión de auditoría”, ha explicado PwC en declaraciones a Intereconomía.com. “El único aspecto sobre el que llamó la atención se refiere a un supuesto defecto formal en los papeles de trabajo de una partida puntual cuyo contenido tampoco puso en duda”, ha continuado la auditora. “Aun así no estamos de acuerdo con la sanción -la menor que contempla la ley- y por eso la hemos recurrido. Creemos que el ICAC la fundamenta con argumentos muy subjetivos y sin ningún respaldo en la normativa y en la práctica auditora”, ha concluido.

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    El socio auditor de PwC, condenado a pagar 6.600 euros

    Respecto a José María Sanz Olmeda, las dos sanciones conllevan el pago de 6.600 euros, -3.200 euros y 3.400 euros-. Asimismo, la sanción llevaría además aparejada su incompatibilidad de los auditores con respecto a las cuentas anuales de Banco Popular Español, S.A., y Grupo Banco Popular S.A., correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que la sanción adquiere firmeza en vía administrativa.

    La resolución que impone las sanciones indicadas únicamente son firmes en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden
    a la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que, en su caso, se hayan interpuesto o pudieran interponerse. La sentencia, dada a conocer este miércoles, está fechada el 18 de abril de 2018, y está firmada por el presidente del ICAC, Enrique Rubio Herrera.

    Otros 267.260 euros a Deloitte por su auditoría a ACS

    Por otro lado, el ICAC ha multado también a Deloitte y a su socio auditor, Javier Parada Pardo, por la comisión de dos infracciones graves en la auditoría de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2011 de ACS, y de las cuentas anuales consolidadas de la compañía, informes que fueron emitidos el 22 de marzo 2012. La auditora tendrá que abonar el 0,1% de los honorarios facturados por la sociedad por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de las sanciones y no inferiores a 12.000 euros, por lo que cada multa ascendería a 133.630 euros (267.260 euros en total). Para Javier Parada las dos sanciones alcanzan un importe de 3.000 euros cada una.

    Según Deloitte, se trata de una sanción mínima por un tema formal en unos papeles de trabajo; además, la sanción se ha recurrido ya por la vía contencioso administrativa ante la Audiencia Nacional, recurso que la auditora confía en que prospere.

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