Los tribunales, la única vía que les queda a los fondos de las autopistas quebradas

Los tribunales, la única vía que les queda a los fondos de las autopistas quebradasLas negociaciones entre Gobierno y concesionarias, casi rotas
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  • el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ve difícil lograr un acuerdo con los fondos acreedores de las autopistas radiales en quiebra en torno a lo que habrá que abonar en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), un asunto que, en su opinión, deberá dirimirse en los tribunales.

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    Los fondos, que cifran en 4.500 millones la factura que se les adeuda, se han mostrado dispuestos a una quita e incluso a acomodar los plazos y la forma de pago para aminorar el impacto en el déficit de la RPA, con alternativas como, por ejemplo, cobrar vía bonos del Estado.

    “Yo creo que hubo tiempo para eso -un posible acuerdo- y ahora mismo estamos fuera de plazo“, ha dicho De la Serna en declaraciones a la prensa tras participar en EFEForo Líderes. Si los fondos plantearan una “oferta extremadamente atractiva”, el Ejecutivo lo reconsideraría, “pero mucho me temo que eso no se va a producir” porque las conversaciones que mantuvo el Gobierno con los fondos “están muy alejadas para que se pudiera llegar a un acuerdo”.

    Pese a no dar cifras concretas, el ministro ha asegurado que saben “por dónde pueden ir las cosas” en cuanto a la magnitud de la RPA y ha dicho que cualquier acuerdo debe pasar por aminorar la RPA.

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    “Eso es fácilmente entendible porque de otra manera estaríamos premiando a esos fondos”, ha aseverado De la Serna, quien ha insistido en que para conseguir cifras por debajo de las estimaciones de RPA que manejan se necesitaría “un cambio profundo en las propuestas de los fondos que mucho me temo que no se va producir“.

    Durante su intervención en el foro, el ministro dijo sospechar que la cifra que ofrecerá el Gobierno no será compartida por los acreedores, que recurrirán a los tribunales para que sea un juez el que dirima la cuantía.

    En el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas, el Gobierno detallaba que el gasto en inversiones se vería afectado por “la cobertura por importe de más de 2.000 millones para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje en concurso de acreedores”.

    Por otra parte, durante su intervención, el ministro ha insistido en que todavía no se ha decidido qué pasará con las autopistas de peaje cuyo plazo concesional vencerá a lo largo de los próximos años. En su opinión, la fórmula que se utilice, entre las que se baraja volver a licitar estas concesiones, debería formar parte del acuerdo nacional sobre infraestructura que desde el año pasado se negocia con los grupos de la oposición.

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    “No puede decir qué pasará porque la decisión no está tomada. Lo que si creo es que no es un tema menor y que si hay un acuerdo nacional sobre cómo tenemos que llevar a cabo la política de infraestructuras este asunto debe formar parte de la lista de temas a tratar“, ha dicho el ministro.

    También en relación a la red viaria de España, De la Serna ha avanzado que el Ejecutivo espera ser capaz de licitar obra por importe de 2.000 millones con cargo al Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que contempla una inversión total de 5.000 millones.

    Las dos primeras actuaciones, valoradas en 675 millones, tendrá lugar en Murcia y Castellón, ha recordado el ministro, que ha insistido en que el objetivo es aprovechar la “enorme” liquidez que existe en los mercados.

    La intención del ministerio es que todos los proyectos -unos 20 corredores que suman 2.000 kilómetros, estén licitados y adjudicados antes de 2019.

    El PIC, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó en julio, contempla una inversión en carreteras de 5.000 millones de euros a través de un mecanismo de colaboración público-privado con actuaciones en una veintena de corredores.

    Por otra parte, ha garantizado que a lo largo del presente ejercicio la inversión en obra pública será mayor que en 2017, año en el que Fomento licitó obra pública en inversión por más de 4.000 millones y con un incremento interanual del 23%.

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