El nuevo bono social del Gobierno de Sánchez no satisface a nadie

El nuevo bono social del Gobierno de Sánchez no satisface a nadieEl presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en la apertura del nuevo periodo de sesiones. EFE/Ballesteros.

Desde la derecha a la izquierda, pasando por el centro e incluyendo a sindicatos y consumidores, nadie está satisfecho con el nuevo bono social eléctrico del Gobierno y el bono térmico que en algunos casos pueden suponer apenas 25 euros.

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El Gobierno presumía hoy de nuevo bono social eléctrico y térmico, que no ha sido acogido con ningún entusiasmo entre la mayoría de partidos, sindicatos y organizaciones de consumidores.

Entre otras medidas, el Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al antiguo, que finalizaba este 8 de octubre, dentro del real decreto-ley de medidas urgentes contra la pobreza energética que ha aprobado hoy.

Hasta el 30 de septiembre 1.369.656 beneficiarios del bono social habían solicitado su renovación y 746.316 ya tenían activo el nuevo.

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La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros esta batería de medidas para proteger a los consumidores eléctricos.

Además, ha prohibido cortar el suministro eléctrico en los hogares acogidos al bono social eléctrico en los que haya al menos un menor de 16 años, una medida que se hace extensiva a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33 % o superior, o una persona en situación de dependencia en grado II y III.

Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono.

Asimismo, para que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se determinan criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres, pues un 85 % de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre.

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El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) respecto al de las familias biparentales.

El real decreto-ley también amplía en un 15 % los límites de consumo de energía con derecho a descuento para compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables.

Además, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento, que se liquidaba cada mes, se flexibiliza, de forma que la energía con derecho a descuento no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento.

Con ello, se facilita la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.

El bono social térmico

El bono social térmico será una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen.

Los hogares que estén acogidos al bono social eléctrico a fecha de 31 de diciembre de 2018 y todo consumidor que cumpla las condiciones para acceder al bono social eléctrico y haya presentado su solicitud antes de la citada fecha percibirá el bono eléctrico y de calefacción.

El importe que recibirán los beneficiarios del bono térmico dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado y el número de beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre.

La cuantía de la ayuda dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que está la residencia del beneficiario.

Por ejemplo, si hay un presupuesto de 100 millones de euros y el número de beneficiarios del bono eléctrico fuera de 1,5 millones a 31 de diciembre, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros para un consumidor vulnerable en zona cálida y un máximo de 130 euros para un consumidor vulnerable severo en zona muy fría.

Un texto provisional para el PP

El portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP Guillermo Mariscal ha lamentado que el Real Decreto Ley de medidas de lucha contra la pobreza energética sea “provisional”, y ha advertido de que no hay un texto concreto ni garantía de que pueda ser aprobado en el Congreso.

En rueda de prensa en el Congreso, Mariscal ha dicho que es “sorprendente” que, ante las dificultades de los españoles para pagar la factura eléctrica, el Gobierno dé una solución “provisional” y ha criticado “su falta de capacidad para presentar un texto concreto”.

El Gobierno ha decidido hoy suspender durante seis meses, coincidiendo con los meses de mayor demanda eléctrica, los impuestos sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, del 7 %, y de hidrocarburos para la producción eléctrica, con el fin de abaratar el precio del recibo de la luz.

Mariscal ha incidido en que el PP presentó el mes pasado dos propuestas de Ley para eliminar este impuesto a la generación eléctrica y para impulsar la movilidad sostenible y reducir las emisiones contaminantes.

“Estamos ante un Gobierno que al no tener programa se fija en los pasos que el PP ya ha establecido”, ha dicho, a la vez, que ha advertido de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy consensuó el anterior bono social con las fuerzas políticas para que fuera aprobado por el Parlamento y “su resultado fuera certero a medio y largo plazo”.

Además, ha lamentado que los Presupuestos Generales de Estado de 2018 contemplen partidas por valor de 50 millones de euros para fortalecer la movilidad sostenible y el actual Ejecutivo “no los ha tocado”.

Un ‘timido’ avance para Podemos

Podemos cree que los cambios en el bono social eléctrico aprobados hoy por el Gobierno son “tímidos avances”, ya que incluye a más personas en situación de pobreza energética, y ha urgido al Gobierno a reducir aún más la factura de la luz “tocando los beneficios” de las empresas eléctricas.

Fuentes de la formación morada han señalado a EFE que seguirán negociando con el Gobierno en el marco de los Presupuestos de 2019 para mejorar el bono social que contempla no poder cortar el suministro eléctrico por impago a ningún hogar con menores de 16 años o con personas con una discapacidad del 33 % o más.

No obstante, Podemos valora que el Real Decreto Ley del Gobierno con medidas contra la pobreza energética incluya la derogación del conocido como ‘impuesto a sol’, una exigencia de la formación que lidera Pablo Iglesias y que también formaba parte de las negociaciones presupuestarias.

La mismas fuentes inciden en que Podemos ha conseguido que se les pague los kilowatios a los ciudadanos que viertan exceso de energía en la red.

Sin embargo, han criticado la propuesta del Ejecutivo de suspender el impuesto del 7 % a la generación eléctrica para rebajar la factura de la luz una media del 5 %, y han considerado que podría ser mucho mayor si se pone un impuesto a los beneficios que tienen las empresas eléctricas.

Según la última propuesta presentada por Podemos al Gobierno de cara a un apoyo a los próximos Presupuestos, la formación pide una tarifa familiar para la factura de la luz en primeras residencias, con topes mínimos y máximos según los ingresos de los hogares y un impuesto a las eléctricas para ayudar a pagarla.

Insta a introducir límites máximos y “progresividad” en el precio de la luz y para financiar la nueva tarifa familiar pide un cargo a la “sobreretribución” a las empresas eléctricas en función de los aumentos en el precio de la luz.

En este sentido, Podemos recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asegura que el Estado está sobreretribuyendo a las eléctricas.

“Podemos seguirá presionando al Gobierno para que esto se pueda conseguir. Es buena noticia que la factura de la luz baje un 5 %, pero se puede conseguir mucho más”, inciden estas fuentes.

Para los consumidores no llega a muchas familias vulnerables

Las organizaciones de consumidores han valorado las nuevas medidas del Gobierno para ampliar los beneficiarios del bono social eléctrico, pero han considerado necesario que esta ayuda llegue a más familias vulnerables, para lo que se debería aumentar el nivel de renta exigido para percibirla.

Con las medidas adoptadas hoy contra la pobreza energética, el Gobierno ha incluido a las familias monoparentales entre las que tienen circunstancias especiales para que se les pueda aplicar el bono social pese a que tengan una mayor renta que la establecida en los diferentes tramos generales que hay, algo que hasta ahora sólo afectaba a víctimas de violencia doméstica, del terrorismo y personas con discapacidad.

El portavoz de la OCU Enrique García cree que las medidas anunciadas “van en la buena dirección” al aumentar los beneficiarios, pero considera que deberían hacerlo en mayor medida.

Y ha advertido, en declaraciones a Efe, de que mantenerse los requisitos de nivel de renta del anterior bono social se tratarían de medidas “más cosméticas y estéticas que efectivas” para atajar el problema de la pobreza energética porque “deja aún fuera a muchas familias en precario”.

También Facua ha criticado en un comunicado que sólo se incorpore a las familias monoparentales y no se de acceso al bono a otras con ingresos bajos, pero que, a su juicio, resultan superiores a los “pequeñísimos niveles de renta establecidos en el bono social que puso en marcha el Gobierno de Rajoy”.

La asociación también ha denunciado que el Gobierno haya puesto en marcha una campaña publicitaria en la que mantiene -asegura- “de forma engañosa” que el bonosocial representa un descuento de al menos el 25 % en la factura.

“En realidad -sostiene-, a día de hoy, el descuento para un usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia) puede llegar a representar sólo un 11 % de su factura (si se trata de una familia sin menores)”.

Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI), ha aplaudido las mejoras anunciadas, pero también ha reclamado que los beneficiarios sean más y que el “Gobierno vaya a lo social si es social de verdad”.

“Hay personas que son incluso de clase media y que ya tienen que acudir a comedores sociales”, ha subrayado a Efe Samayoa, quien ha instado al Gobierno a “no mirar a otro lado y ver la realidad de los ciudadanos del país”.

Para Fernando Moner, presidente de CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios), el real decreto aprobado hoy es “un gesto” a tener en cuenta, aunque en su opinión lo importante en este momento es que se agilicen los plazos para solicitar la renovación del bono social.

Es importante también -ha dicho a Efe- que la tramitación se pueda hacer de otra forma que no sea por internet porque muchos de los beneficiarios son personas mayores que viven en zonas rurales.

De lo que se trata, según las asociaciones, es que el cien por cien de los beneficiarios del bono social lo pida.

Para UGT es un parche

El sindicato socialista UGT considera que los cambios introducidos por el Gobierno en el bono social eléctrico son “parches” que no solucionan la pobreza energética y cree, además, que añaden más confusión al crear uno específico térmico.

El sindicato considera fundamental una estrategia nacional contra la pobreza energética en la que se introduzcan medidas estructurales que permitan una actuación integrada para erradicar y prevenir este tipo de situaciones.

En este sentido, UGT entiende que las modificaciones introducidas en el bono social son insuficientes porque excluyen a personas y familias en situación de pobreza que no pueden permitirse el mantenimiento de su vivienda de forma adecuada.

Respecto al bono social térmico, que será una ayuda directa para pagar gastos de calefacción, cocina y agua caliente, UGT sostiene que es una medida que no ofrece una cobertura universal ni da continuidad en el tiempo.

Para el sindicato, una medida de estas características no se puede condicionar a la zona climática donde esté situada la vivienda de las familias que no pueden permitirse mantener su hogar a una temperatura adecuada y que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017 ascendía al 77,8 % de la población.

 

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