El despido de estibadores costará a los puertos 350 millones

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  • La liberalización de la estiba obliga al Estado a pagar 350 millones de euros en indemnizaciones por despido, según se estipula en el decreto que firmará el Consejo de Ministros la próxima semana, tras la prórroga de una semana.

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    En la actualidad, las empresas de la estiba están obligadas a contratar solo personal de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Saget). Dichas empresas participan en esta bolsa de trabajadores al 50%.

    Grupos políticos ya han rechazado que sean los puertos quienes asuman este coste. El PNV ha mostrado su reticencia a que los puertos deban asumir el coste de la posible transferencia de los derechos laborales de los trabajadores de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep) y ha advertido de que las autoridades portuarias tienen un gobierno autónomo.

    El ministerio de Fomento ha dado una semana más de plazo para aprobar el Real Decreto de reforma de la estiba con el fin de que las empresas y los sindicatos lleguen a un acuerdo.

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    Para cumplir con las exigencias de Bruselas, que datan de 2014, Fomento busca igualar los costes de estos trabajadores con los futuros contratados una vez que se aplique la liberalización. El Estado tiene la responsabilidad debido a la obligación que tienen las navieras de participar en Saget y contratar únicamente a los trabajadores de estas sociedades.

    En total hay unos 6.156 estibadores. La normativa contempla una indemnización por despido de 20 días con un máximo de un año, pero solo para los estibadores contratados a través de Saget.

    Ahora, se da la posibilidad de que los estibadores rompan su contrato en caso de que se modifique el convenio colectivo, que están negociando ahora sindicatos y patronal. En el nuevo decreto se estipula que la indemnización sea de solo 9 meses, pero el convenio puede variar este requisito. Los estibadores ganan entre 60.000 y 110.000 euros anuales.

    Bruselas ya avisado de una multa diaria de 134.107 euros al día desde la publicación del decreto hasta que se lleve a cabo la liberalización. No obstante, la cuantía alcanza los 50 millones de euros por cada día de huelga, ya desconvocada por los sindicatos.

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