La plantilla de Alcoa en Avilés rechaza la venta a Parter, la solución buscada por el Gobierno

La plantilla de Alcoa en Avilés rechaza la venta a Parter, la solución buscada por el Gobierno

La asamblea de trabajadores de la fábrica de Alcoa en Avilés ha rechazado este jueves ratificar la venta de la planta al fondo de inversión suizo Parter, la solución buscada por la ministra en funciones de Industria, Reyes Maroto, por entender que es la empresa la que lo negoció y ha anunciado que pedirá algunas rectificaciones del documento relativo al proceso.

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El Comité de Empresa, tras reunir a la asamblea de trabajadores, ha estudiado y debatido las opciones que hay y ha decidido trasladar a la compañía su desacuerdo con algunos aspectos del documento relativo a la venta para que sean rectificados.

«Trasladaremos nuestro desacuerdo con algunos aspectos del documento presentado para que sean rectificados y no trasladen a los trabajadores decisiones que no les corresponde», ha señalado en un comunicado.

La última reunión mantenida ayer durante horas para avanzar en el proceso de venta de las fábricas de Alcoa de Avilés y La Coruña a Parter finalizó sin acuerdo, y para mañana está previsto un nuevo encuentro de los sindicatos con representantes de la multinacional norteamericana.

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El fondo de inversión suizo asegura que va a haber 250 trabajadores en cada una de las fábricas, cantidad que podría incrementarse en caso de que se arranquen las series de electrolisis.

Maroto dice que Parter garantiza no sólo dos años para las plantas de Alcoa

La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, dijo el miércoles que Parter Capital ha garantizado a los trabajadores de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés «no sólo dos años, sino que tiene un proyecto para poder seguir trabajando en España».

Maroto, que ha asistido en Madrid a una jornada sobre inteligencia artificial, ha manifestado, a preguntas de los periodistas, que el fondo suizo cumple con los requisitos que la mesa de seguimiento, integrada por los comités de empresa, los gobiernos gallego y asturiano y Alcoa, pusieron: el mantenimiento de las dos unidades productivas y del 100 % de los puestos de trabajo un mínimo de dos años.

«Parter cumple esas condiciones que negociamos todos en la mesa y, por tanto, para nosotros es una oferta válida», ha añadido la ministra, que ha afirmado que Parter «tiene un plan industrial y, además, ha garantizado a los trabajadores no sólo dos años, sino que tiene un proyecto para poder seguir trabajando en España».

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Preguntada por la carta que, según los sindicatos, el Gobierno ha enviado a Parter en la que se compromete a poner en marcha medidas que rebajen la factura eléctrica entre 12 y 15 euros el megavatio/hora, Maroto no ha ahondado en la cuestión, si bien ha manifestado que por parte del Gobierno «hay hechos, además de compromisos», en el apoyo a la industria electrointensiva.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ha movilizado este año 175 millones de euros en subvenciones para compensación de costes de CO2 y 200 millones en las subastas de interrumpibilidad convocadas desde que el PSOE gobierna.

Ha señalado que la industria electrointensiva ha sido la principal beneficiaria de los recursos que se han movilizado para reducir la factura energética y ha recordado que el Ejecutivo sigue trabajando en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

Maroto ha indicado que este Estatuto es muy necesario para poder dar estabilidad a las empresas electrointensivas sobre cuáles van a ser los instrumentos de apoyo y que puedan tomar sus decisiones de inversión con seguridad jurídica.

La ministra, que ha señalado que cuando el PSOE llegó al Gobierno sólo había medidas diversas que «no daban una orientación de política energética clara», ha dicho que el Estatuto reducirá «claramente» los costes energéticos e incorporará instrumentos que hagan que la factura energética se reduzca.

Respecto a la reducción que supondrá en la factura de los grandes consumidores eléctricos industriales eléctricos el Estatuto, Maroto ha indicado que están haciendo estimaciones, pero ahora mismo no pueden avanzar el impacto, pues se está trabajando en la definición de los instrumentos después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtiera de que los mecanismos incluidos en el proyecto de real decreto podían incurrir en ayudas de Estado.