Maroto se excusa en la ley para retirar la prórroga a Ence que afecta a 80.000 familias y 5.000 empleos

Maroto se excusa en la ley para retirar la prórroga a Ence que afecta a 80.000 familias y 5.000 empleos

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha remarcado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez no retiró la prórroga a Ence en Pontevedra sino que se limitó a cumplir la legalidad tras conocer un informe de la Abogacía del Estado. 80.000 familias y 5.000 empleos son los afectados por esta decisión.

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En el documento se señalaba que la ampliación de 60 años, concedida en enero de 2016 al fabricante de pasta de papel por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy para mantener su actividad industrial en la ría de Pontevedra, era ilegal.

«Nosotros nos retiramos simplemente porque hay un informe de la Abogacía del Estado que lo que nos dice es que la prórroga era ilegal y, por lo tanto, lo único que hicimos fue cumplir la ley», ha argumentado en una entrevista concedida a la Radio Galega. El Gobierno de Sánchez, por ejemplo, no ha tenido problemas de usar a la Abogacía del Estado para cambiar otras situaciones de ilegalidad, como sucedió en Cataluña, donde cesó al abogado del Estado que quería juzgar a los políticos presos por rebelión y cambiar la acusación a una más suave de sedición, que comporta penas menores de prisión. Que 80.000 familias se jueguen su pan y 5.000 trabajadores su empleo debe ser que no es lo mismo.

La Abogacía del Estado comunicó este mismo mes de marzo a la Audiencia Nacional que desiste de continuar con la defensa de la prórroga de 60 años, por lo que solicitó al organismo judicial que, tras los trámites oportunos, dicte sentencia de conformidad en los términos que piden los demandantes, es decir, que se anule la prórroga.

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Al respecto, ha asegurado que desde el primer momento, desde que se tomó esa decisión, «nos pusimos a trabajar con la empresa y con los trabajadores, los sindicatos, para darle una solución a este problema».

Según los datos del gobierno gallego en Galicia, unas 80.000 familias venden su madera a Ence, una empresa de la que dependen unos 5.000 empleos, tanto directos como indirectos, por lo que desde la Xunta alertan del coste que supondría el cierre de la planta para la economía.