El Supremo condena a una aseguradora vasca a pagar intereses de mora

El Supremo condena a una aseguradora vasca a pagar intereses de mora
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  • El Supremo ha condenado a la aseguradora Igualatorio Quirúrgico Médico, con sede en Bilbao, a pagar 58.000 euros a una afiliada en concepto de intereses de mora en el pago de una indemnización por incumplimiento de contrato. No ha sido condenada en costas.

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    La empresa rechazó asumir este coste hasta que hubiera una sentencia firme. Y ahora el Supremo ratifica el pago en base al artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) multiplica los intereses a cobrar por demoras en el pago de indemnizaciones, lo que ha llevado al Supremo a elevar la cantidad de los intereses a aplicar a la aseguradora hasta 58.000 euros.

    “El régimen de intereses moratorios del articulo 20 de la LCS no está previsto únicamente para el incumplimiento de la prestación característica e inmediata de asegurador”, sino que alcanza a todas las prestaciones vinculadas al contrato de asistencia sanitaria, dice el alto tribunal.

    La mujer demandó al Igualatorio Quirúrgico Médico S.A. de Seguros reclamando 125.000 euros y los intereses por mala praxis médica en una intervención quirúrgica que derivó en una infección renal y posterior perdida de un riñón.

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    La respuesta de la empresa fue que sus obligaciones se limitaban a la asunción del coste de la operación, pero que ella había elegido el centro médico dentro de una gama que se había puesto a su disposición, por lo que no era responsable de la mala praxis que había padecido.

    La aseguradora fue condenada al pago de la indemnización por su responsabilidad civil “y esta condena es claramente indicativa de que había asumido no solo la obligación de prestar los servicios médicos a sus afiliados, sino también la de garantizarles una correcta atención”. Por ello, el Supremo condena a la aseguradora a pagar los intereses de demora de la indemnización que debió haber pagado desde que tuvo conocimiento de los hechos.

    Un voto particular exige la condena en costas

    La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Antonio Salas Carceller, quien sí exigía la condena en costas a la aseguradora. “Mi discrepancia se refiere a que dicha deuda cuya existencia no se discute, nacida de responsabilidad por hecho de otro, no ha de quedar sujeta a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, que sanciona exclusivamente la mora por parte de la aseguradora en el cumplimiento de las obligaciones derivadas directamente del propio contrato de seguro”, indica Salas Carceller.

    “Entiendo -continúa- que se trata de una norma excepcional que, en parte tiende a la actualización de la cantidad debida pero sobre todo -de ahí lo inusual del alto porcentaje de interés previsto- a sancionar un incumplimiento contractual imputable a la aseguradora, que se obligó a realizar determinada prestación económica -originalmente o por sustitución- a cambio del cobro de una prima y, sin embargo, surgida su obligación, deja de cumplirla en tiempo. Así se deriva de lo dispuesto por el citado artículo 20 cuando dice que dicho interés agravado se aplicará «si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación»; prestación que no es otra que la que constituye directamente
    el objeto del contrato (asistencia médica) y no la que puede derivar – como sucede en este caso- de la aplicación de una norma ajena al contrato de seguro como es la del artículo 1903 del Código Civil, según el resultado de la asistencia prestada”.

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    “Distinta sería la solución en el caso de que existiera incumplimiento de la propia prestación objeto de aseguramiento, lo que podría suceder cuando se ofrecieran los servicios de profesionales carentes de las condiciones necesarias para el ejercicio de su función, por falta de titulación o especialidad requerida, o en casos de inhabilitación, así como en los supuestos en que el centro determinado por la aseguradora para la práctica de la intervención médica no contara con los servicios requeridos para llevarla a cabo con las garantías
    necesarias”, prosigue.

    “En estos supuestos cabría hablar de una defectuosa prestación por la aseguradora y de una relación causal de esa defectuosa prestación con el resultado producido, lo que determinaría que su responsabilidad se desenvolviera en el ámbito de la Ley de Contrato de Seguro y, por tanto, la indemnización sustitutoria se viera afectada por la
    aplicación de los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro”, ha concluido.

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