El proyecto Casa 47, que se presenta como una solución al problema de la vivienda, propone contratos de alquiler de hasta 75 años, con un primer periodo de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años, sin repercusión del IBI, gastos de gestión ni actualización de rentas conforme al IPC. Este planteamiento genera contratos progresivamente desfasados respecto al mercado y un déficit público sostenido que será asumido por el conjunto de los ciudadanos. Aunque se presenta como una iniciativa de “vivienda pública”, Casa 47 no aborda la raíz del problema de acceso a la vivienda: la insuficiencia de oferta y las dificultades estructurales para desarrollarla. Desde el sector inmobiliario se señalan alternativas que han demostrado ser más eficaces y sostenibles a medio y largo plazo, entre ellas:
*Incrementar la oferta mediante la construcción de vivienda protegida y social a través de modelos de colaboración público-privada.
*Incentivar la rehabilitación de edificios obsoletos o en mal estado para su reincorporación al mercado.
*Apostar por la densificación urbana mediante edificios multifamiliares y una mejor optimización del suelo disponible.
*Mantener ayudas al alquiler y reforzar los programas de apoyo a la compra.
*Reducir la carga fiscal en los procesos de compra, venta, construcción y alquiler.
*Simplificar los procedimientos administrativos y la concesión de licencias.
“Casa 47″ parte de una visión equivocada de la solución al problema de la vivienda. Los contratos de larga duración que no se adaptan al mercado y generan déficit público no resuelven el problema. La verdadera respuesta pasa por aumentar la oferta, rehabilitar el parque existente, simplificar los trámites y ofrecer incentivos fiscales que permitan la participación activa del sector privado”, afirma José Manuel Pérez Serrano, CEO de Grupo Véneta.
En opinión del sector, Casa 47 pospone la solución real al problema de la vivienda, incrementa los costes a largo plazo y traslada el riesgo económico a los contribuyentes, sin abordar las causas estructurales que limitan el acceso al mercado residencial.