El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado nuevas iniciativas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda entre ellas:
• Ayuda de alquiler con opción a compra: hasta 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir en viviendas con protección permanente y posteriormente adquirirlas.
• Seguro de impago de rentas: medida ya anunciada en enero, que entrará en vigor este período de sesiones para dar más garantías a propietarios e inquilinos.
• Ayudas para compra en el medio rural: hasta 10.800 euros, con el objetivo de apoyar a jóvenes y combatir la despoblación.
Además, el Gobierno exigirá a las plataformas de alquiler vacacional eliminar más de 53.800 pisos turísticos ilegales para destinarlos al mercado residencial. También enviará a las comunidades autónomas la propuesta del Plan Nacional de Vivienda, que busca triplicar la inversión hasta 7.000 millones en 5 años, en colaboración con los gobiernos autonómicos.
Sánchez subrayó que el acceso a la vivienda es una prioridad del Ejecutivo y que requiere la implicación conjunta del Estado, comunidades y ayuntamientos.
Desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) advierte de la grave invasión competencial que supone la actuación del Gobierno central en el control de la actividad turística, en este caso con el registro de la ventanilla única, una materia que compete exclusivamente a las comunidades autónomas.
FEVITUR recuerda que el Estado no puede revocar títulos habilitantes autonómicos, ni transformar un censo voluntario como el Registro de la Propiedad en un registro obligatorio para viviendas turísticas. “El Gobierno está excediendo sus competencias y utilizando a los Registradores, cuyo marco de actuación es la Ley Hipotecaria y no la gestión de la actividad turística, en un intento de control fuera de lugar y de fundamento legal”, señala Silvia Blasco, presidenta de FEVITUR.
La federación denuncia que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trasladando a la opinión pública una confusión entre irregularidad administrativa e ilegalidad, criminalizando a miles de familias y pymes sin resolución firme y sin el procedimiento garantista que exige la ley. “Una solicitud incompleta o una revocación administrativa no significa que exista una actividad ilegal”, recalca Blasco.